Reforma de la Ley de Prevención Ambiental para crear empresas
Bancada socialista, con Ana Redondo al frente, ayer.
Las Cortes de Castilla y León, con el voto favorable del PP, la oposición del PSOE e IU y la abstención de UPL, dieron ayer luz verde a la nueva Ley de Prevención Ambiental, reformada a instancias del Gobierno autonómico para «simplificar» y favorecer una «tramitación más ágil» de la creación de empresas.
Así lo defendió ante el Pleno del Parlamento autonómico el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, quien garantizó que estos cambios en aras de la reducción de «trabas» y «costes» para las empresas no irán en detrimento de la protección del medio ambiente.
En la práctica, esta nueva normativa reduce el número de actividades que requieren la evaluación de impacto ambiental y también los plazos de resolución para las autorizaciones ambientales, de los diez meses actuales a nueve. Esta delimitación supone que 45 tipos de obras, instalaciones o actividades dejen de estar sometidas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental -campos de golf, explotaciones ganaderas de menor volumen o centrales térmicas de menos de 50 megavatios, entre otras-. Otra de las novedades es la figura de la «comunicación ambiental», que se refiere a actividades e instalaciones menos contaminantes y que requieren menos controles previos, por lo que se facilita su puesta en marcha. La procuradora socialista Ana María Muñoz de la Peña dudó de que esta normativa vaya a conseguir su objetivo y que la retirada de algunos de los trámites ambientales pueda garantizar el control y denuncia de los posibles riesgos contra el medio ambiente, entre ellos la práctica de la fractura hidráulica (fracking).