Tudanca plantea 80 medidas contra la corrupción, entre ellas limitar los mandatos
Tudanca, ayer, en la rueda de prensa que ofreció.
El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, aseguró ayer que el proyecto de ley de transparencia de la Junta «nace muerto», por lo que su partido ha presentado ya una proposición no de ley contra la corrupción compuesta de 80 medidas de «mayor contundencia».
En rueda de prensa, Tudanca subrayó que para luchar contra la corrupción se necesitan «medidas más contundentes» que las del proyecto de Ley de Transparencia de la Junta, aunque reconoció que para que sean aprobadas se necesita «el concurso del PP» de Castilla y León, partido al que advirtió que tiene una «gran oportunidad» para demostrar que está comprometido con la regeneración democrática.
Entre las 80 medidas recogidas en esta proposición no de ley que el PSOE presentó ayer mismo en el registro de las Cortes de Castilla y León figura la de limitar el mandato del presidente de la Junta a dos legislaturas, es decir 8 años, para lo que habría que reformar el Estatuto de Autonomía.
También se tendría que reformar el Estatuto para otras de las medidas propuestas, la de restringir el aforamiento de los procuradores de las Cortes de Castilla y León quedando únicamente el supuesto de inviolabilidad por los votos emitidos y por las opiniones manifestadas en el ejercicio de su cargo.
Que los candidatos a la presidencia de la Junta, una vez elegidos procuradores, tengan que haber superado anteriormente unas elecciones primarias con la participación de los electores, es otra de las medidas. También se propone en la proposición no de Ley del Grupo Socialista que se modifique el sistema para la creación de las comisiones de investigación en las Cortes autonómicas, de forma que no puedan ser bloqueadas por las mayorías parlamentarias y se puedan constituir en el momento en que sea solicitada por más de un grupo parlamentario o un número relevante de procuradores.
Otra de las propuestas destacadas por Tudanca es la creación de una oficina anticorrupción con capacidad de actuación directa en el sector público del Estado y de las administraciones locales, que podrá actuar en las comunidades autónomas mediante acuerdos de colaboración.
Estas propuestas, según el secretario socialista, son «constructivas y ambiciosas».