Los ayuntamientos actuarán como registro de otras administraciones
Los documentos serán escaneados y reenviados con plena garantía jurídica.
Beteta, atendiendo a los medios, ayer, en Valladolid.
Los 2.248 municipios de Castilla y León tienen la posibilidad de adherirse a la Oficina Virtual de Registro (ORVE), presentada ayer en Valladolid, para que los ciudadanos puedan registrar en su ayuntamiento la documentación que necesite remitir al resto de administraciones públicas.
El sistema utilizado consiste en que el escrito que entrega el ciudadano es escaneado y su copia es remitida telemáticamente a la administración que corresponda, con plena validez jurídica, ya que cuenta con el sistema de firma digital, mientras que los originales son entregados de nuevo al usuario.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta; la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo; el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez; y el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León, Miguel Ángel García Nieto, firmaron ayer junto a decenas de alcaldes de la Comunidad el convenio para incorporarse a esta herramienta que tiene el fin último de «hacer más fácil la vida a los ciudadanos», en palabras del consejero.
Beteta confió en que la mayor parte de los municipios se adhieran a esta herramienta, más en un lugar como Castilla y León, que puede «romper la brecha territorial» que existe dada la extensión de esta autonomía, integrada por muchos pueblos de pequeño tamaño.
Por su parte, Del Olmo consideró que esta herramienta telemática tiene «más relevancia si cabe en Castilla y León», al presentar una extensión «muy grande» y con una población dispersa, por lo que analizó como una ventaja para cualquier ciudadano el hecho de poder presentar telemáticamente cualquier papel.
800.000 euros de ahorro
Con su participación en este sistema, la Junta de Castilla y León prevé alcanzar un ahorro de 800.000 euros al año, ya que calcula que la inmensa mayoría de los documentos con destino a otras administraciones se transmitan electrónicamente y el importe medio de un envío postal certificado ronda los 4 euros, según los datos aportados por la Consejería.