Los concejales tendrán que declarar las incompatibilidades con su cargo
PP y PSOE pactan en la Federación de Municipios y Provincias un Registro de Intereses.
El presidente de la FRMP y alcalde de Ávila, con De Santiago-Juárez.
La creación de un Registro de Intereses, previsto en el Estatuto de Concejales de Castilla y León -de próxima aprobación- reforzará los mecanismos previstos en la legislación sobre el seguimiento de la declaración de bienes de los ediles, derechos patrimoniales y participación en sociedades.
La declaración de causas de incompatibilidad y de actividades también será objeto de este registro «por calidad democrática», según consta en una de las catorce conclusiones de un documento que han consensuado PP y PSOE, mayoritarios en la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), y que presentaron ayer en Valladolid.
Es la conclusión del grupo de trabajo que desde el pasado octubre han consensuado PP, PSOE y Junta de Castilla y León para la creación del Estatuto del Concejal de esta comunidad autónoma, que será aprobado en febrero o marzo de 2015 como un capítulo o título específico de la Ley de Régimen Local.
En materia de incompatibilidades, tendrán la obligación de abstenerse «cuando concurran las causas previstas en la legislación de procedimiento administrativo y contratación de las administraciones públicas», y tampoco podrán colaborar «en el ejercicio, por terceras personas, de cualquier actividad mercantil, industrial o profesional relacionada con su entidad local.
El Estatuto del Concejal permanece aún pendiente de plasmación en texto articulado antes de su tramitación parlamentaria, en los primeros plenos de 2015 a través de una proposición de ley o de un proyecto de ley, con el fin de que esté aprobado antes de que finalice la presente legislatura, explicó a los informadores el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
Un modelo de declaración común de bienes e intereses, «para todos los miembros de las entidades de Castilla y León», es otro de los objetivos del futuro texto legal cuyo borrador ha sido elaborado con arreglo a la legislación vigente relacionada con las corporaciones locales -estatal y autonómica-. Los ediles serán sancionados económicamente en caso de incumplir de forma, «sin justificación suficiente», reiterada el deber de asistencia a los plenos y comisiones de los que formen parte.
El Estatuto del Concejal, entre otros acuerdos alcanzados, reconocerá el derecho de los medios de información y de comunicación social al acceso a los plenos y comisiones «salvo en sesiones declaradas secretas conforme a la ley», con la obligación de «reservar un espacio que permita su ejercicio».