Plan financiero para apoyar a 400 empresas dependientes de Campofrío

Nueve entidades financieras encabezadas por la sociedad Iberaval apoyarán económicamente a empresas y autónomos con un alto grado de dependencia de la incendiada planta de Campofrío en Burgos, para facilitar su supervivencia hasta la apertura de la nueva factoría en 2016.

Según informó ayer la consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Silvia Clemente, las entidades financieras aportarán fondos hasta un máximo de 300.000 euros para cada una de las empresas afectadas, tanto para capital circulante como para cubrir posibles deudas y para proyectos de innovación tecnológica.

Los créditos se establecerán en condiciones ventajosas con una carencia de dieciocho meses y un periodo de amortización de cinco años, con un interés máximo del euribor más 2,5.

La viceconsejera de Economía de Castilla y León, Begoña Hernández, precisó que Iberaval prestará garantías a las empresas que lo requieran y las ayudas se destinarán tanto a proveedores como a prestadores de servicios, en primer y segundo nivel, aunque no a los productores de porcino, porque el nivel de sacrificios se ha mantenido e incluso incrementado ligeramente tras el incendio.

En este sentido, la consejera de Agricultura y Ganadería precisó que el veinte por ciento de las cabezas de porcino que se sacrifican en Castilla y León, que es una de las tres Comunidades con mayor volumen de este ganado en España, se destinan a Campofrío, para el que trabajan unas 500 explotaciones.

En su opinión, el ligero incremento del volumen de sacrificios tras el incendio de la planta de la cárnica en Burgos se debe a que la compañía ha mantenido sus planes de negocio y expansión, sobre todo en lo que se refiere a exportaciones.

Volumen

En cuanto a las empresas beneficiarias del plan de financiación, Clemente reconoció que no han podido determinar el número de trabajadores que engloban, aunque si que son más de cuatrocientas y que gestionan unos doce millones de euros anuales.

La consejera recordó que entre las nueve entidades que han suscrito el convenio con la Junta de Castilla y León se encuentran las tres que tienen origen burgalés, con más relación con la mayor parte de empresas y autónomos afectados.