La sexta convocatoria tiene como objetivo el contrato de discapacitados
Esta sexta convocatoria destinadas a la creación y mantenimiento del empleo en el ámbito de la economía social autonómica, tiene como objetivo la contratación indefinida y la transformación en indefinidos de contratos temporales de trabajadores con discapacidad, la adaptación de sus puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal y al tránsito del empleo protegido de los enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo para personas con algún tipo de discapacidad para mejorar sus posiblidades de incorporación al mercado laboral en Castilla y León.
300.000 euros
Con un presupuesto de 300.000 euros, los beneficiarios de estas ayudas son entidades sin ánimo de lucro y empresas que contraten a dichos trabajadores discapacitados, ‘Empresas Colaboradoras’ que incorporen a trabajadores procedentes de ‘Enclaves Laborales’ y las cooperativas de trabajo asociadas en las que trabajadores con discapacidad pasen a ser socios de las mismas para una mejor y mayor integración laboral, principal objetivo de esta sexta convocatoria de aayudas convocada por la Junta de Castilla y León a través de su consejería de Economía y Empleo de la que es responsable Tomás Villanueva.
Por último, la séptima subvención convocada, con un presupuesto de 214.000 euros, tiene como finalidad la financiación parcial de los costes salariales de los trabajadores en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción laboral por un periodo de un año, buscando paliar en gran medida a los trabajadores en paro de larga duración que están atravesando un momento particularmente difícil y complicado, además de insostenible.
Integración laboral
Las beneficiarias son las empresas de inserción, entidades que recogen dentro de su objeto social la realización de actividades para la integración laboral y el acceso al mercado ordinario de trabajo de personas en situación o riesgo de exclusión social, algo contra lo que la Junta está luchando para evitar que se prorogue una situación particularmente difícil y de una complicada solución.
La subvención aporta como máximo el 50 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional y al menos el 30 por ciento de la plantilla tiene que estar formada por trabajadores en situación o riesgo de exclusión social, circunstancia que favorece esta contratación en busca de paliar todas las dificultades que arrastran este tipo de trabajadores por aquello de la edad o de su largo tiempo de inactividad laboral.