La patronal de construcción quiere que la Junta elimine la tasa de obra pública
En 2014 se recaudaron con ella 2,24 millones y este año se prevé que serán diez.
La patronal de la construcción reclama a la Junta de Castilla y León que elimine la tasa por dirección e inspección de obras que cobra a los adjudicatarios de obras públicas desde hace 13 años, un gravamen que para los contratistas supone un obstáculo más para remontar vuelo, tras ocho años de crisis, que ha dejado al sector en una situación crítica. Las empresas piden al nuevo Gobierno, que se formará en las próximas semanas, que renuncie a esta fuente de ingresos, que con la recuperación de la inversión pública podría aportar diez millones en este ejercicio.
Las estrecheces de este último mandato obligaron a la Junta a reducir al mínimo la licitación de obra pública, con el objetivo de atender los servicios públicos esenciales, una medida que recortó la licitación hasta los 76 millones en 2012, si bien esta cifra alcanzó ya el pasado año los 165 millones. Este volumen inversor, según fuentes de la Consejería de Hacienda, aportó 2,24 millones en 2014 a las arcas autonómicas, puesto que la cuota de la tasa, un 4% del importe del presupuesto de ejecución material, se aplica a cada certificación, a medida que avanza la obra.
El Gobierno de Castilla y León cobra esta tasa desde enero de 2002 por la prestación del servicio facultativo de dirección e inspección de las obras públicas, sin embargo el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, cuestionó en declaraciones a Ical la justificación de este gravamen, aprobado por una ley de 2001, coincidiendo con la llegada al Gobierno del presidente Juan Vicente Herrera. Además, denunció el elevado «coste burocrático» que supone para la Junta y el sector.
De hecho, la Junta exige su pago de forma fraccionada, mediante liquidaciones que se expiden a medida de que se produce cada certificación de la obra, incluida la correspondiente al saldo total de la obra. Por tanto, los contratistas no abonan ninguna cantidad, sino que el Eejcutivo descuenta en la factura el 4% del presupuesto de ejecución material (presupuesto de licitación sin considerar los gastos generales, ni el beneficio industrial) de la actuación, una vez aplicada la baja de adjudicación, que ronda de media el 21%.
El representante de los contratistas recordó que desde hace más de una década han reclamado a la Junta que elimine esta tasa, que supone que de cada 100 euros de adjudicación, la Junta se queda con cuatro, lo que recalcó reduce el beneficio. Esta reivindicación histórica de la Cámara de Contratistas se ha tratado en la Comisión Mixta en la que están presentes las consejerías de Hacienda y Fomento, donde lograron el «compromiso» de que se eliminaría, si bien se ha mantenido.
Enrique Pascual expuso que la supresión de la tasa ayudaría a remontar el vuelo a la industria de la construcción, que aseguró atraviesa una situación «agónica». El empresario insistió en que la administración tiene que apostar de nuevo por la inversión pública productiva.