Herrera plantea la cohesión social como su gran reto y pide cambios en la financiación
El candidato del PP a la Junta advierte que Castilla y León podría llegar a devolver competencias al Estado. Promete bajar el tramo autonómico del IRPF, no implantar más impuestos y eliminar el ‘céntimo sanitario’.
Juan Vicente Herrera, ayer, durante su intervención en el Pleno de las Cortes.
Una nueva bajada del tramo autonómico del IRPF, 600 millones a políticas de empleo, la búsqueda de consenso para reformar el Estatuto y la lucha por reformar el modelo de financiación ante el peligro de tener que devolver competencias, fueron ayer las grandes promesas de Herrera en su debate de investidura.
El candidato del PP advirtió en su discurso ante el pleno de las Cortes de que el «desfase» entre las aportaciones del sistema de financiación autonómica y el gasto social de la Comunidad podría obligar a Castilla y León a devolver competencias al Gobierno central. Por ello, exigió la «reforma urgente» del sistema de financiación autonómica para corregir su «actual desfase anual de 500 millones de euros entre las aportaciones del mismo y el conjunto de nuestro gasto social». Además, anunció su intención de promover una nueva rebaja de la tarifa autonómica del IRPF, que ajuste los tramos más bajos a los de la tarifa estatal, para que siga ganando en progresividad. A esta rebaja se añadirá la supresión de la totalidad del recargo autonómico en el Impuesto sobre Hidrocarburos y la introducción de nuevos beneficios fiscales dirigidos a favorecer el emprendimiento y la creación de empresas.
«Adicionalmente, y en la medida en que lo permita el aumento de ingresos públicos derivado del crecimiento, reduciremos el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges, elevando sus mínimos exentos, y manteniendo en todo caso la bonificación del 99% para la transmisión de empresas familiares y agrarias», avanzó.
El candidato del PP a investidura como presidente de la Junta se comprometió, asimismo, a «no implantar, a lo largo de la legislatura, ningún impuesto propio nuevo que pueda afectar a familias, pymes y autónomos y a elaborar una estrategia contra el fraude fiscal y mayor control en la concesión de subvenciones».
En opinión de Herrera, la «política fiscal ha de seguir fortaleciendo la demanda interna, generando un contexto propicio para el ahorro, la inversión y la creación de nuevos puestos de trabajo», de ahí que hayan apostado por «profundizar» en esas líneas de beneficios fiscales «para familias, jóvenes, emprendedores y personas con discapacidad».
Además, ofreció un «suelo mínimo de gasto social» que garantice una cantidad equivalente al 80 por ciento de gasto no financiero disponible por las Consejerías. Este «suelo mínimo de gasto», una de las reivindicaciones de la oposición en la pasada legislatura, se destinará a Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Dependencia.
Además, Juan Vicente Herrera anunció su compromiso de aprobar al comienzo de la legislatura un plan de inversiones sociales prioritarias por importe próximo a 600 millones de euros encaminadas a crear empleo.
Reforma del Estatuto
Juan Vicente Herrera apostó también por una Reforma del Estatuto de Autonomía «pactada y con el máximo consenso» y centrada en «blindar avances sociales». En este sentido, incidió en «dar rango normativo y garantía de estabilidad, tanto al Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública de Castilla y León», como a la Red de Protección a Personas y Familias.
El segundo objetivo de la Reforma del Estatuto pasa por «fortalecer el papel de las Entidades Locales, para reforzar su posición como prestadoras de servicios de proximidad», ha añadido. En cuanto al tercero y último objetivo que desgranó, se basa en «incorporar nuevas exigencias sociales en materia de calidad democrática, abordando aspectos como la limitación de mandatos de los responsables políticos y de sus aforamientos, y la limitación del número de posibles consejeros». A estos se añadiría «la adecuación del número de Procuradores de las Cortes; la incompatibilidad de éstos con la condición de alcalde de municipios mayores de 20.000 habitantes y el establecimiento de medidas para excluir de sus responsabilidades públicas a todo cargo político al que se abra juicio oral por un delito de corrupción». Sus planteamientos, según aseguró, se contiene en un programa «realista, riguroso e integrador».