La Junta simplificará el registro sanitario de las industrias alimentarias
La Junta de Castilla y León simplificará el procedimiento del registro sanitario de las empresas implicadas en la cadena alimentaria, para adecuarse a una directiva europea, con un nuevo decreto que mantendrá la exigencia de una autorización previa por parte de la autoridad competente de los establecimientos que desarrollen alguna actividad relacionada con la producción, transformación y distribución de alimentos de origen animal.
El objetivo último de las autorizaciones e inscripciones en el ámbito de la seguridad alimentaria es la protección de la salud a través de la información que facilitan los operadores. No en vano, es un mecanismo para llevar a cabo una adecuada programación de los controles oficiales. Además, en supuestos de detección de un peligro para la salud, facilita a las autoridades sanitarias que puedan acometer las actuaciones necesarias.
Nueva normativa
Fuentes de la Consejería de Sanidad explican que las autorizaciones sanitarias de funcionamiento de las industrias, establecimientos y actividades alimentarias ya se regulaban, hasta ahora, por un decreto de 1994. La nueva normativa se enmarcará en la Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León, que busca fomentar las actividades de los emprendedores, apoyar sus iniciativas y «remover los obstáculos» existentes en la regulación.
Cambios que facilitan los trámites relacionados con la creación e instalación de compañías, entre ellas las alimentarias, que deben tramitarse «de forma preferente» con unos plazos ya establecidos. Mientras que las empresas de origen animal deberán contar con la autorización previa de la autoridad competente, el resto de compañías y establecimientos alimentarios requiere sólo de la presentación de una comunicación previa de actividad, «sin perjuicio de los controles oficiales que puedan realizarse con posterioridad».
España ya cuenta con el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias que simplificó el procedimiento para registrar, con carácter nacional y público, las empresas de la cadena alimentaria.