La Junta protegerá al funcionario que denuncie casos de corrupción
El consejero de la Presidencia presenta un anteproyecto de ley para prevenir actos delictivos .
Rosa Valdeón y José Antonio de Santiago-Juárez. diego de miguel
efe | valladolid
Los empleados públicos de Castilla y León contarán con una ley que, de ser aprobada en los términos planteados ayer en su anteproyecto, les ofrecerá garantías de protección de su puesto de trabajo en el caso de que informen de hechos que pudieran considerarse delitos vinculados a la corrupción.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, presentó ayer ante el Consejo de Gobierno el anteproyecto de ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes.
El cohecho, la prevaricación, la malversación de caudales públicos, el fraude y el tráfico de influencias son algunos de los tipos penales que forman parte de las prácticas que pretende «prevenir» la Junta de Castilla y León con esta norma, según De Santiago-Juárez, quien cree que «se está sobeteando mucho» el término de regeneración política pero lo que hay que hacer es «tomar medidas» para que la corrupción no se produzca.
«Ser muy contundentes cuando se produce va de suyo», insistió el consejero, convencido de que se trata de una norma «pionera» en España que puede estar aprobada en los próximos meses, dada la brevedad de su articulado y que intentarán que se tramite por la vía de urgencia en las Cortes de Castilla y León.
Las garantías que se ofrecen a los empleados públicos que informen ante la Inspección General de Servicios incluyen el carácter reservado de los datos personales del informador, la imposibilidad de que sea removido de su puesto de trabajo y la posibilidad de que pida el traslado a un puesto similar, lo que la Junta también ofrecería en caso de que la denuncia fuera planteada ante la Fiscalía, en palabras del consejero.
Sin embargo, el anteproyecto de ley introduce en el apartado quinto del artículo tercero la prevención de que si se trata de informaciones infundadas el empleado público será sancionado como autor de una falta grave, sin perjuicio de los tipos penales de acusación y denuncia falsas y simulación de delito.
El procedimiento que seguirá la Junta ante una información de este tipo será abrir una información reservada con carácter prioritario.