La Junta introduce en sus contratos un nuevo plan de innovación social

Efe | Valladolid

La Junta de Castilla y León introduce en su contratación pública un novedoso instrumento de innovación social, el proyecto de inserción, que obliga en aquellos pliegos en los que figure a contratar un número determinado de víctimas violencia de género, discapacitados o preceptores de la renta de ciudadanía.

Esta es una de las principales novedades que en materia de contratación pública socialmente responsable acordó ayer el Consejo de Gobierno, y que ha detallado en rueda de prensa posterior la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García.

Con ese nuevo instrumento, que es novedoso en el conjunto autonómico, se permite que las empresas ordinarias que contraten con la Comunidad incorporen esa contratación responsable, ya que se incluirá la obligación de contar con un porcentaje de personas víctimas de violencia de género, con discapacidad o perceptores de la renta garantizada de ciudadanía acogidos a un programa de inclusión social.

Ese no es el único refuerzo de la Junta en su contratación, ya que el compromiso de reservar anualmente el 6,5% del total de contratos de la administración a los centros especiales de empleo se eleva al 6,8% y es extiende además a las empresas de inserción laboral, detalló García.

Como ejemplo de estos instrumentos de innovación social en la contratación pública, García se ha referido al caso de la contratación de la limpieza en un hospital, que puede ir vía reserva de empleo para centros especiales de empleo, por la vía ordinaria o se puede licitar como proyecto de inserción de forma que en el pliego se recoja la obligación de contratar a dos personas víctimas de violencia de género, o con discapacidad o perceptora de renta de ciudadanía.

Más novedades

Otra de las novedades del acuerdo, que actualiza el de 2012 y aprueba las nuevas directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad sobre la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, es la puesta en marcha de un «Banco de buenas prácticas» que servirá de asesoramiento y orientación en la aplicación de las cláusulas sociales.

Se incorporan cláusulas sociales en las distintas fases de la contratación pública que primen a las empresas con una visión más social, que incorporen medidas sociales que redunden en el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social, la inserción laboral de personas con discapacidad, el fomento de la estabilidad en el empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el impulso de medidas de conciliación.

La consejera detalló que esas cláusulas sociales se aplicarán a cualquier contrato siempre que sea posible y se optará por incorporar las condiciones que sea más adecuadas para potenciar los aspectos sociales en la contratación.

Como medida social se añade, según la referencia del Consejo de Gobierno, facilitar el acceso de pymes a la contratación pública.