El 51% de los incendios en Castilla y León son provocados, según la Junta
El consejero de Fomento pide ayuda a los ciudadanos para atrapar a los criminales.
efe | segovia
El 51 por ciento de los incendios que se han producido en Castilla y León este verano han sido provocados, según el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien pidió durante su visita a Segovia la colaboración ciudadana para «desenmascarar a los criminales».
Suárez-Quiñones, que acudió a Segovia para presentar el programa ‘Rehabitare’, recordó que en lo que va de temporada se ha producido «numerosos» incendios en Castilla y León y algunos, incluso, han superado las 200 hectáreas de terreno calcinadas. Una cuestión preocupante, sobre todo cuando la causa de los incendios son personas.
Sin embargo, no se ha registrado ningún gran fuego, que son aquellos que superan las 500 hectáreas de terreno, un dato que valoró aunque «las cosas pueden cambiar en cualquier momento por lo que hay que ser cautos y precavidos».
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que en 2015 tuvo que hacer frente a más de 1.700 incendios, continúa trabajando con un operativo «muy potente y flexible» de 4.200 personas que «ponen en riesgo su propia vida para proteger la de los demás», recalcó el consejero de Fomento.
Además, recordó que no solo está implicada en este asunto la Junta de Castilla y León sino también el personal del Ministerio de Agricultura, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las diputaciones provinciales, pero sobre todo la ciudadanía que «tiene que estar muy pendiente, atender a los consejos que se dan para evitar las llamas y denunciar los incendios provocados».
Suárez-Quiñones también se refirió al asunto de los lixiviados que la planta de compostaje tiene en doce parcelas de la provincia de Segovia, ocho de Fuentepelayo y cuatro en Zarzuela del Pinar, y ha argumentado que la Junta no se personará en la causa judicial que está abierta en los Juzgados de Cuéllar, alegando que su presencia «no es necesaria».
acusación pública
En este sentido, aclaró que existe en el sistema una acusación pública que es el Ministerio Fiscal «cuya obligación es formular la acusación y reclamar los perjuicios», y por tanto, la Junta «confía plenamente en la labor de los jueces y los fiscales sin necesidad de más apoyos».
El siguiente paso que tiene que dar la administración regional, ya finalizados los plazos y teniendo en cuenta que la resolución es recurrible, es, según Suárez-Quiñones, retirar los montones residuos, «aunque la factura correrá a cargo del propietario».