Sacyl defiende la legalidad del Hospital de Burgos
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La letrada jefe de Sacyl, Ana Isabel Rodríguez, defendió ayer la legalidad de la adjudicación de las obras del Hospital de Burgos y en concreto de las razones para que una de las empresas aspirantes fuera repescada tras ser descartada por un informe externo y finalmente fuera la adjudicataria.
Rodríguez compareció ayer en la comisión de investigación parlamentaria que analiza las supuestas irregularidades en la construcción del Hospital de Burgos para defender la legalidad de su actuación en este procedimiento, al menos de los documentos y procedimientos que llegaron a su competencia. «Se estudian los informes y se hace el informe», se limitó a decir al ser preguntada por algunos portavoces de la oposición sobre los retrasos y los modificados que sufrió el proyecto inicial de la construcción del hospital.
La letrada jefe explicó que ella es «incompetente» en materias como la economía, las finanzas o los avances de las obras, pero defendió que para elaborar informes sobre estas cuestiones recurría a expertos.
Rodríguez sostuvo que el pliego de condiciones era «garantista para la Administración y también para el futuro adjudicatario».
Por su parte, el jefe de Contratación Administrativa de Sacyl, Valentín Elena, defendió que la adjudicación de la concesión del hospital al grupo de empresas Eficanza se ajustó a que era «la oferta más ventajosa» y «en aplicación de la ley» y los pliegos del concurso.
Independencia técnica
Durante su comparecencia ante la comisión de investigación que analiza las supuestas irregularidades y sobrecostes en la construcción del Hospital de Burgos, Elena insistió en la legalidad del procedimiento y en la independencia de las decisiones de los técnicos respecto al ámbito político.
Varios portavoces de la oposición insistieron en el papel que pudo tener un informe dictado por la Consejería de Hacienda, de contenido económico y financiero, a la hora de determinar qué empresa debía resultar adjudicataria, así como el denominado «factor de coherencia» a la hora de resolver finalmente el concurso público.
El jefe de Contratación Administrativa de Sacyl justificó la necesidad de contar con un informe de la Consejería de Hacienda en que él carece de conocimientos económico financieros, por lo que consideró positivo contar con el respaldo de un informe de estas características a la hora de valorar las distintas ofertas.
Del mismo modo, defendió la utilización de una fórmula matemática —se trata del mencionado factor de coherencia— para introducir criterios objetivos en la valoración de las ofertas de las diferentes empresas.