El presidente de los archiveros reclama mayor cumplimiento de transparencia

J. S. | SALAMANCA

El presidente de la Asociación de los Archiveros de Castilla y León (Acal), Luis Hernández Olivera, ha reclamado un mayor cumplimiento de la Ley de Transparencia por parte de las administraciones de esta Comunidad, ya que se trata de una normativa que «busca un mayor acceso a la información pública».

En una entrevista con la Agencia Efe, Hernández Olivera ha sentenciado que «en términos generales, en Castilla y León se cumple con la Ley», en referencia a la Ley de Transparencia, pero «no se es transparente».

Es más, ha calificado de «penoso» que instituciones como las universidades de esta Comunidad «ni son transparentes como deberían de ser» ni tienen «un acceso a la información» como correspondería a una administración de este tipo.

En la adaptación de la Ley a la realidad, en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, es en lo que la Asociación de los Archiveros de Castilla y León, que este año cumple su 25 aniversario, ha centrado sus objetivos, para conseguir «que se cuente con los archiveros para el desarrollo de estas nuevas legislaciones».

«En estos momentos estamos ante un futuro lleno de incertidumbres, sobre todo en lo relacionado con el paso de la realidad del papel a la era digital. Es por ello que reclamamos nuestra posición, nuestro trabajo y nuestra profesionalidad», ha agregado.

En opinión del presidente de Acal, son los archiveros los «profesionales» que deben ser los «adalides de la transparencia y de la adaptación de los archivos de papel al mundo tecnológico».

Luis Hernández Olivera ha sido especialmente crítico con el papel que juegan las administraciones de Castilla y León en esa adaptación a la Ley de Transparencia y ha advertido de que «se corre el riesgo de perder un gran tiempo en llegar a la adaptación del papel del archivo a la tecnología».

Pero a la pregunta de en qué pueden fallar las administraciones en la puesta en marcha de la Ley de Transparencia, Hernández Olivera ha revelado que «aunque se cumple la legislación», «ni se facilita la transparencia ni se permite al ciudadano un acceso claro a la información».