POLÍTICA
Herrera reclama al Gobierno más medios para luchar contra el fraude
Báñez replica al presidente autonómico que Castilla y León es de las que menor índice tiene
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ayer. GALLEGO
efe | valladolid
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, reclamó ayer más inspectores de trabajo en Castilla y León para combatir el fraude laboral, pero la ministra de Empleo, Fátima Báñez, le replicó que esta Comunidad es una de las que menor incidencia de fraude tiene. Tras firmar un convenio de colaboración que persigue una mejor coordinación de los medios materiales y personales que ambas administraciones tienen al servicio de una mayor calidad en el empleo, ambos intercambiaron argumentos sobre la dotación de inspectores que Castilla y León debe tener para cumplir esa función.
En primer lugar, Herrera planteó la «necesidad» de dar una mayor importancia a criterios que van más allá de los ratios de población existentes en cada territorio, ya que esto perjudica a lugares como Castilla y León, que por el contrario tienen en la extensión y la dispersión de sus núcleos de población el principal factor de encarecimiento y penalidad de la labor inspectora.
Herrera vinculó esta «reflexión» con las reivindicaciones que realiza en el mismo sentido para el recién abierto debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, en el que Castilla y León defiende la necesidad de atender a criterios como el envejecimiento, la extensión territorial y la dispersión de los municipios, entre otros que compensen el que consideran excesivo peso de la población absoluta. «Tomo nota de la petición», comenzó por decir la ministra, quien sin embargo subrayó que los ratios con los que trabaja su departamento colocan también como «importante» el factor de la incidencia del fraude para distribuir a sus inspectores de trabajo, y en ese apartado Báñez ha colocado a Castilla y León como «una de las comunidades donde hay menos incidencia».
La ministra detalló que en España, «desgraciadamente hay zonas y sectores donde hay economía sumergida» y que proliferan los empleos sin derechos, lo que han considerado como «la peor lacra», que además supone una «competencia desleal entre empresas» y un perjuicio para el futuro de las pensiones.
En datos, Herrera explicó que actualmente en Castilla y León realizan su labor en esta materia 64 inspectores de trabajo, 64 subinspectores y 126 personas que realizan funciones administrativas, de apoyo y colaboración.
La acción de la Inspección de Trabajo en Castilla y León ha supuesto desde 2012 la transformación en indefinidos de hasta 13.500 contratos temporales —3.900 en 2016— y que afloraran hasta 25.300 empleos «sumergidos» —5.000 en 2016—.