La Ley de Transporte recogerá los derechos de todos los usuarios
La nueva norma tendrá un régimen de financiación para reducir el déficit del modelo.
La portavoz de la Junta, Milagros Marcos, y el consejero de Fomento, Suárez-Quiñones. NACHO GALLEGO
Efe | Valladolid
La Ley de Transporte de Viajeros por Carretera de Castilla y León, que el Gobierno prevé aprobar después del verano, contendrá por primera vez un catálogo de derechos de los usuarios y contendrá un régimen de financiación para reducir el déficit del modelo, que es de unos trece millones de euros al año.
El Consejo de Gobierno reconoció ayer el anteproyecto de ley del transporte de viajeros por carretera, que según explicó el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en rueda de prensa, busca dar respuesta a las nuevas necesidades de movilidad derivadas de las características geográficas de la Comunidad.
Además, esta ley se adaptará al nuevo diseño de ordenación del territorio de la Comunidad, y a la normativa nacional y europea, con un modelo de transporte que en lugar de lineal se articulará por zonas, con una reordenación de los servicios existentes para incrementar la oferta donde «se necesite» y reduciendo donde «hay sobreexplotación», según el consejero.
Mejorar el sistema
Esta nueva articulación, que sustituye a la creada en los años ochenta, pretende garantizar un sistema «eficiente, seguro, moderno y de calidad», para dar respuesta a una comunidad con 6.000 núcleos de población, 190 operadores y 300 títulos concesionales, que con la nueva ley se tendrán que reducir, lo que obligará a unión de empresas para mejorar la eficiencia pero también para «subsistir» y reducir el déficit.
Las principales novedades de este proyecto, explicó el consejero, son que se reconoce el transporte público de viajeros por carretera como un «servicio esencial y universal»; y que se recogerá por primera vez un catálogo de derechos de los usuarios, como «el derecho a la accesibilidad, a un transporte de calidad o a ser oídos». También articulará el texto legal una régimen de financiación del transporte para dar «más seguridad al colectivo de empresas» que prestan este servicio.