Apaños estivales
L a refriega censora en el parlamento tapa con sus ruidos y excesos el mandoble del tribunal Constitucional a Montoro por su pasimisí a los delincuentes fiscales, que primero se llamó y luego se dejó de llamar amnistía. Aunque lo más llamativo del episodio, distraído por el mamporro al ministro, es la demora del alto tribunal en su fallo, hasta conseguir la prescripción de los apaños fraudulentos. Que fue lo que finalmente ocurrió, con agasajo a los pillastres, quienes vieron de paso premiado su fraude. Por si el enjuague no resultara ya suficientemente tóxico, aquel apaño ilegal que rebajó las cotizaciones impagadas de sociedades, IRPF, intereses, multas y recargos a una tarifa plana del 10%, se redujo en ventanilla a un ridículo 3%, gracias al informe chapucero e infame de la dirección general de Tributos de Montoro.
La convocatoria a los corruptos del país, que acudieron en número superior a treintaiún mil, dejó en la cesta 1.193 millones, para blanquear la pecina. Aquella maniobra se orquestó ilegalmente mediante un decreto ley aprobado por el gobierno en marzo de 2012 y se resolvió en noviembre del mismo año. Así que de urgencia para justificar el burle, nada de nada. Más bien, necesidad de disimular con tapujos el bochorno, que ahora alcanza a los propios miembros del tribunal Constitucional, bien conscientes de que su tardío revolcón por unanimidad a Montoro “no tiene ningún tipo de consecuencia”, a pesar de la gravedad del apaño. Sólo cabe añadir la reprobación parlamentaria, que tampoco tiene otro alcance que su reproche moral. Porque nadie, en estos cuarenta años de democracia, reparó en la preeminencia soberana del parlamento para sancionar conductas políticas. Así que Montoro puede ser reprobado, pero seguirá tan gallo y ufano como los ya señalados Rafael Catalá, ministro de Justicia, y el fiscal general Maza.
Aunque el relato de calamidades y perfidias distantes no debe distraer las que nos caen más cercanas, porque llevamos un mes de junio digno de pasar a los anales. Las trampas energéticas se cobraron los primeros culpables en la trama solar de Zamora, cuyos cinco traficantes fueron condenados a pagar un millón de euros. Y ese aldabonazo marca lo que queda por venir en la órbita eólica: un proceso que esta semana ha asistido a la imputación del ex vicepresidente Villanueva y está a la espera del aterrizaje como declarante del polaco Alberto Esgueva, quien se supone que seguirá disparando disciplinadamente hacia arriba, esperando que la improbable caída de Villanueva alivie el escrutinio de sus abusos desmedidos.
Varias comisiones de investigación en las Cortes se dedican a desvelar el daño social de estas operaciones ya judicializadas. Los casos Portillo y Perla Negra, además de la trama eólica. Pero la que tiene más sentido, sin duda, por la relevancia y alcance de sus destrozos, es la encargada de investigar la ruina de las antiguas Cajas de Ahorros, que dejaron sin servicio a buena parte de nuestro amplio territorio. Sus aspectos penales serán resueltos por los jueces y de hecho ya hay un par de casos abiertos. Tanto el que se refiere al abuso del consejo de Caja Segovia, como a las tragaderas de España-Duero. Unos por codicia y otros por compadreo temerario, pero ambos responsables de la liquidación de un patrimonio con más de un siglo de historia. Y tampoco fueron los únicos, aunque sí quizá los más intrépidos. Desde luego, la comisión investigadora recién constituida en las Cortes tiene el aval de estar presidida por Manuel Mitadiel, sobre cuya rectitud y competencia no caben dudas.