Debate sobre el estado de la corrupción
E ra inevitable, tras la doble imputación judicial del anterior consejero de Economía, que la corrupción se colaría en el debate parlamentario sobre el estado de la Comunidad. Mucho más después de que el PSOE y Podemos anunciaran que iban a exigir la dimisión del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a quien consideran máximo responsable político de los escándalos investigados judicialmente por sendos juzgados vallisoletanos.
No es que a lo largo de seis horas de debate no se escrutaran los problemas de Castilla y León y la respuesta del gobierno Herrera ante los mismos, pero se vieron relegados a un segundo plano ante el sobrevenido fenómeno de la corrupción. «Por ignorancia o por connivencia es usted responsable, y cualquiera de las dos posibilidades exige su dimisión», le espetó al presidente de la Junta el socialista Luis Tudanca durante un intenso cuerpo a cuerpo plagado de reproches y no exento de descalificaciones incluso personales.
Tal vez poniéndose la venda de la herida, en su discurso inicial Herrera había hecho referencia a los casos que afectan al exconsejero Villanueva —a quien por cierto en ningún momento citó por su nombre— para dejar sentado que el Estatuto del Alto Cargo sitúa el cese de los implicados en la apertura del juicio oral. Y esa es la fase procesal en la que correspondería, a su juicio, situar las responsabilidades políticas en casos de corrupción. «Usted acusa, procesa, sentencia y condena sin esperar a ningún pronunciamiento judicial», le reprochó Herrera a Tudanca. «De lo único que no me ha acusado ha sido de ser el autor intelectual del cerco a Numancia», añadió.
El mismo argumento esgrimió ante el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien, tras asegurar que «no es cuestión de manzanas podridas, sino que el cesto está completamente infectado», exigió su dimisión irrevocable «por higiene y dignidad democrática». En su réplica, Herrera le acusó de incurrir en «presunción de indecencia», al tiempo que no dudó en reprocharle su defensa inicial del procurador burgalés de Podemos que se vio forzado a dimitir a comienzos de la Legislatura.
El portavoz de Podemos se refirió reiteradamente «al todavía presidente de la Junta y al presidente en bicefalia Fernández Mañueco», corresponsabilizando a ambos de las políticas que degradan la calidad de los servicios públicos, precarizan el empleo y agravan la despoblación.
Pese a ser el socio preferente que permite gobernar al PP, Ciudadanos no anduvo a la zaga en materia de corrupción, calificando de «primavera negra» los casos acumulados en los últimos meses. La novedad es que, a diferencia de PSOE y Podemos, no exige la dimisión del presidente ni concreta responsabilidades políticas. Lo que hizo su portavoz, Luis Fuentes, fue advertir que su partido no volverá a facilitar la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad si el PP no adopta medidas tales como cesar a los cargos públicos investigados, suprimir los aforamientos y retirar sus vetos a la comisión de investigación sobre la «trama eólica».
Corrupción aparte, el debate discurrió por los derroteros habituales, con dos visiones completamente contrapuestas sobre la situación social y económica de la comunidad autónoma. Frente a la dinámica positiva apreciada por la Junta sobre la base del crecimiento económico y la creación de empleo, al panorama crítico, entre gris marengo y negro, descrito por todas las demás fuerzas políticas sin excepción.