La reapertura de Garoña eleva su coste al retrasar la conexión dos años más

josé m camarero | madrid

A falta de dos semanas para que el Ministerio de Energía se pronuncie sobre el destino de la central nuclear de Garoña (Burgos) —el plazo vence el 8 de agosto—, la propietaria de su instalación, Nuclenor, ha estado a punto de anticiparse al Ejecutivo y pedir el cese definitivo de la actividad de la planta gracias a un informe encargado por los dos accionistas de la empresa —Iberdrola y Endesa— a un despacho de abogados en el que justificaba el cierre por los costes económicos de mantenerla activa. Pero en la junta de la firma, que tuvo lugar el miércoles, Endesa optó por rechazar la petición de desistimiento basada en ese documento, y al final será el Ejecutivo el que tome la decisión final. Entre otros motivos incluidos en el documento, al que ha tenido acceso este diario, se indica que habría que esperar otros dos años para que Garoña volviera a operar desde que se autorizarse la explotación, para cumplir con las condiciones que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dictó en febrero ante su reapertura. El informe, elaborado por la firma Clifford Chance, cuantifica esa nueva espera en lo que denomina un «desembolso adicional importantísimo» de inversiones de cara al arranque de la central. Esa es la estimación en la que se recuerda que otros 24 meses a contar desde la autorización para que Garoña se reenganche a la red «reduciría significativamente el tiempo de operación solicitado», que llevaría a la central a funcionar hasta el año 2031. Garoña tendría una actividad real de 12 años más, frente a 16 estimados, a contar desde 2014.

El coste de ese retraso se une a los gastos futuros que tendría que asumir la instalación y que hacen de la planta una central «económicamente inviable». Entre esas cargas financieras se encuentra la reapertura, cuya duración inicial «era de un año, pero se ha prolongado más de tres».