Libres con cargos las dueñas de la agencia de viajes de Palencia
En su declaración ratificaron que la empresa ha tenido «problemas de liquidez en los últimos días».
La policía traslada al Juzgado a las dos propietarias de la Agencia de Viajes Zep Travel. A. ÁLVAREZ
Efe | Palencia
La jueza ha dejado en libertad con cargos, por la supuesta autoría de un delito de estafa, a las dos propietarias de la Agencia de Viajes Zep Travel, detenidas el domingo mientras se investigaba el cierre repentino de su negocio dejando a numerosos clientes sin los viajes que ya habían pagado.
Las dos mujeres, propietarias de la Agencia de Viajes Zep Travel, permanecieron detenidas en la Comisaría de Policía de Palencia desde el pasado domingo hasta las diez de la mañana de ayer, hora en la que fueron trasladadas en un coche policial hasta el juzgado número 4 de Palencia para pasar a disposición judicial, explicaron a Efe fuentes jurídicas.
Durante casi dos horas prestaron declaración ante la jueza que ordenó su libertad provisional con cargos bajo la acusación de la supuesta autoría de un delito de estafa y con la condición de que comparezcan los días 1 y 15 de cada mes en el Juzgado.
En su declaración ratificaron que la empresa ha tenido «un problema de liquidez en los últimos días», según ha transmitido a los periodistas a la salida del juzgado su representante legal, Antonio Luis Vázquez.
El letrado trasladó también su deseo de «llegar a un acuerdo» con todos los clientes que se vieron afectados por este problema, para que se hagan valer los seguros que tienen en vigor y las fianzas depositadas en la Junta de Castilla y León, a través del arbitraje de consumo acordado ayer con la Unión de Consumidores de Palencia y su presidente, Alberto Arzúa, como representante de los perjudicados.
El abogado consideróque con los seguros y la fianza se podrá hacer frente a todas las cantidades económicas demandadas por los afectados pero ha matizado que primero hay que ver cuál es el número exacto de perjudicados y el importe total de las cuantías. «Ese dato no lo tenemos ahora porque los ordenadores los tiene la policía», explicó el abogado.