El ‘caso Arroyo’ arranca con una nueva tanda de declaraciones
Hoy comparecerá el vocal del consejo de administración de ADE, José Manuel Jiménez .
Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda. DL
EFE | VALLADOLID
El caso Arroyo arrancará hoy con una nueva tanda de declaraciones ante el juzgado de Instrucción 2 de Valladolid que investiga las posibles irregularidades en las operaciones de compraventa del Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda y los terrenos de Portillo (Valladolid).
Una tanda que estará marcada por el repentino fallecimiento la pasada madrugada del jueves 7 de septiembre del exvicepresidente de la Junta y por aquellos años el consejero de Economía, Tomás Villanueva, quien estaba citado en este caso para el próximo 27 de noviembre y donde comparecerán exaltos cargos de la Junta como Begoña Hernández y Rafael Delgado de la Consejería de Economía.
Y es que estas operaciones de compraventa del edificio de Arroyo y los terrenos de Portillo podrían haberse saldado con unos sobrecostes superiores a los veinte millones de euros, puesto que la operación se cerró en 2009 por encima de los 70 millones de euros cuando el precio inicialmente anunciado era de 52.
Ya durante las primeras declaraciones, algunos testigos pusieron de manifiesto la existencia de estas irregularidades, como el arquitecto del estudio Lamela, quien aseguró ante el tribunal que una de las empresas implicadas, Urban Proyecta, les envió el pliego de condiciones del edificio conocido como la ‘Perla Negra’ antes de que fuera publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León y se produjera el concurso público. Esto pondría de manifiesto una posible manejo de información privilegiada de la empresa que finalmente se llevó la operación, pues en marzo de 2009 el Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo fue otorgado por la empresa pública Gesturcal, convertida en 2009 ADE Parques, a Urban Proyecta MP3. Negocios que se gestaron en los consejos de administración de la entonces Gesturcal cuando a finales del 2008 sus integrantes aprobaron por unanimidad dar luz verde a la venta del edificio, cuando en un principio tan solo se barajaba su alquiler.
Pero además de la adjudicación y los posibles sobrecostes originados en la venta, la Fiscalía también ha puesto en su punto de mira a la empresa encargada de amueblar el edificio, Unifica, también investigada por haber participado en la reforma de la sede el PP de Génova en la conocida como trama Gürtel, que se encargó de equipar el edificio por un valor de 4,4 millones de euros sin existir un concurso público previo.
De todas estas cuestiones que han ido surgiendo a lo largo de este año y medio de declaraciones tendrán que rendir cuentas la nueva tanda de investigados en el caso, que arrancará este lunes con la versión el vocal del consejo de administración de ADE desde su fusión con Gesturcal en 2008 hasta 2015, José Manuel Jiménez Blázquez.