Diario de León
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VERLAS VENIR ERNESTO ESCAPA
León

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L a confluencia en este veranillo de san Miguel de las secuelas de la sequía con los peores augurios para el nuevo modelo de financiación, agitados por el tirón de Cataluña, obliga a revisar la carpeta de asuntos pendientes, que han ido quedando arrumbados por indolencia o a causa del cómodo descuido de mirar para otro lado. La pérdida económica derivada de la sequía sólo podrá evaluarse con fundamento cuando concluya el ciclo de las cosechas, aunque no parece arriesgado calibrar ya que será cuantiosa. En cuanto a la perspectiva de la nueva financiación, que lleva años encallada, tampoco parece este el mejor momento para revisarla, si se tienen en cuenta las hipotecas vigentes del gobierno con el País Vasco y la expectativa derivada del barullo catalán, cuyo remedio resumió hace unos días el ministro económico De Guindos en la atribución de más competencias con una mejor financiación.

Si el cambio climático deja poca capacidad de maniobra para paliar los efectos de la pertinaz sequía, y esta vez tampoco se anuncia despejado el horizonte para discutir una financiación razonable de los servicios públicos, lo que avanza imparable es el proceso de despoblamiento, que está dejando nuestro territorio dispuesto para la voracidad del fuego. Pero tampoco conviene recrearse con los maleficios, no vaya a ser que su manejo obsesivo se acabe convirtiendo en invocación.

Parece más oportuno y urgente poner el esfuerzo en activar políticas a nuestro alcance que contribuyan a consolidar la red de servicios públicos distribuidos por el territorio y hacerlo de la forma menos volátil y efímera posible. En ese sentido, resulta crucial culminar la Ordenación del Territorio, cuyo corpus normativo cuenta con tres leyes aprobadas en 2013 y 2014 por 82 de los 84 procuradores de las Cortes de Castilla y León.

Desde entonces, y va para tres años, queda pendiente la Ordenación de las áreas rurales, donde vivimos 900.000 castellanos y leoneses. Resuelta la escala de los municipios de más de veinte mil habitantes, parece urgente dar respuesta a los servicios del entorno rural, sobre todo para evitar una situación de desigualdad y postración crecientes. El respaldo de esta ley garantiza la permanencia sin cierres de los consultorios rurales, así como los colegios que cuenten con un mínimo de cuatro niños. En un momento de devastación de recursos y de abandono progresivo de los pueblos, parece imprescindible reclamar a nuestros parlamentarios las reuniones, discusiones y cesiones que sean necesarias para salvaguardar los últimos rescoldos de vida en el medio rural.

De lo contrario, si siguieran dejando que corra la bola y que viva Bartola, habrá un momento en que alguien desde otra instancia superior resuelva que no tiene sentido prestar servicio sanitario para un puñado de viejos, con la misma lógica que ha privado a los pueblos de los servicios bancarios, una vez que esos mismos políticos arruinaron las antiguas Cajas de Ahorros.

Podemos asumir que tarde en llegar la lluvia, aunque ojalá cuanto antes rompa a llover a cántaros. Y de paso, revisamos la gestión de las aguas malogradas. Porque alguna voz debiéramos tener los más sacrificados a la hora de construir embalses. También toca entender las dificultades para disponer de una financiación autonómica razonable, que iguale a todos los españoles en un régimen común, pero mientras que no nos impongan el espectáculo de asistir al cebo desmedido de la hacienda foral vasca mediante arreglos presupuestarios. Y sobre todo: que no siga sin hacerse lo que es competencia exclusiva, como la garantía de servicios públicos en todos los rincones de nuestro territorio. Incluidos los pueblos, por supuesto.

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