Estupor y bochorno
E l ojeo a Cataluña no es una treta para desviar la atención de la sequía de nuestro año hidrológico, que concluyó el sábado, y tampoco un recurso de despiste respecto a los problemas cercanos, como los más de mil parados sobrevenidos y privados de aquel alboroto. Porque lo que vaya a suceder a partir de estos días en Cataluña tendrá una incidencia tajante en nuestra vida cotidiana. Por eso importa calibrar la naturaleza de unos episodios de siniestro transcurso y peor ejecución. Porque queramos o no, terminarán afectando a nuestro precario bienestar. Y con más recortes, como es de aplicación a los sumisos.
A la vista de los acontecimientos, nadie podrá decir que esta vez funcionó la añosa indolencia mariana de Rajoy. Como responsable del gobierno de España, jamás debió permitir gratuitamente las ilegalidades perpetradas en el parlamento de Cataluña, mientras iba repitiendo como un sortilegio que las medidas anticonstitucionales así aprobadas nunca se traducirían en el bochorno democrático del primero de octubre. Estupor al contemplar que el referendo que no iba a existir se estaba celebrando y bochorno por la torpeza de la actuación gubernamental, que a última hora trató de impedir la votación sin conseguirlo.
Pasados los sucesos del domingo, ha empezado a brotar el repertorio de soluciones ideadas para facilitar el nuevo encaje de Cataluña en España. Y sin negar la solución a un problema cebado artificialmente durante décadas, entiendo que primero habrá que sustanciar las demasías del atropello. Un trámite complejo y delicado, del que no pueden excluirse los responsables del desprecio a las leyes en Cataluña, pero tampoco los del gobierno de España, que han dedicado horas de su actividad a engañar al conjunto de los españoles, asegurando que no ocurriría lo que finalmente ocurrió, agravado además por una intervención policial diseñada y ejecutada con una torpeza sólo equiparable a su dispendio. Ante sucesos como estos, resulta imposible desoír la sentencia de don Américo Castro, cuando advertía la propensión de los españoles a relegar la razón y dejarnos guiar por el odio.
Así que antes de ponernos con la solución, resulta imprescindible solventar las responsabilidades vinculadas a los sucesos del bochorno en Cataluña. Por supuesto, en primer lugar, la responsabilidad de quienes maquinaron y urdieron la sedición desde los órganos parlamentarios y ejecutivos catalanes. Responsabilidad penal y económica, para que no nos carguen a los demás la cuenta de su juerga. Y también, como no puede ser de otro modo, responsabilidad del gobierno de España, por engañar con su incompetencia al conjunto de los españoles y principalmente a los catalanes ajenos a la verbena secesionista. Aturdidos por el cacareo servil de sus opinadores, han dejado que los sediciosos organizaran su referéndum. Todo ello con un coste moral importante para el conjunto del país, pero también económico, que debe ser sustanciado antes de seguir adelante. ¿O es que alguien todavía se cree que Zoilo puede seguir como ministro? Aún más: ¿Es creíble Soraya Sáenz de Santamaría, después de su temporada de negociaciones con el taimado Junqueras? ¿Y Montoro para gestionar los acuerdos del nuevo horizonte de relación?
Este fracaso de cuarenta años de funcionamiento del sistema autonómico obliga a la apertura de un proceso de reforma constitucional que debiera prescindir de malentendidos, desajustes y de relaciones subordinadas. Desde luego, la salida jamás podrá consistir en más euros para seguir cebando el pebetero, como anunció hace unos días el ministro económico De Guindos.