Primeras ayudas de la Junta para poder exhumar fosas comunes
Las prestaciones están dirigidas a asociaciones para la recuperación de la memoria histórica.
La portavoz de la Junta, Milagros Marcos. R. GARCÍA
Efe | Valladolid
La Junta de Castilla y León aprobó ayer las dos primeras subvenciones dirigidas a asociaciones de recuperación de la memoria histórica para colaborar con trabajos arqueológicos y de exhumación de cadáveres de personas que fueron enterradas en fosas comunes en la Guerra Civil y la dictadura.
Las aportaciones, de 15.000 euros para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, y de 6.000 euros para la Asociación Soriana para el Recuerdo y la Dignidad, tienen su origen en una mesa de trabajo constituida en las Cortes de Castilla y León para avanzar en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en esta Comunidad, a instancias de la Consejería de la Presidencia.
«En un país democrático es indigno que haya muertos en las cunetas», afirmó hace un mes el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, durante una intervención ante el Pleno de las Cortes.
En este sentido, el Consejo de Gobierno de la Junta ha dado luz verde a las primeras subvenciones, que en el caso de la asociación vallisoletana servirá para colaborar económicamente con la mayor prospección arqueológica de este tipo abierta en España, ya que han encontrado ya unos 240 cuerpos en cinco fosas comunes del Cementerio del Carmen, según explicó el representante de la asociación, Julio del Olmo, quien celebró la concesión de estas ayudas. «Es un cambio de actitud del PP», ha resumido Del Olmo, convencido de que es un primer paso para poder entablar una colaboración «que pueda permanecer en el tiempo».
En la documentación aportada por la Junta tras este acuerdo del Consejo de Gobierno, la Consejería da por cumplido «el compromiso de asumió en las Cortes de apoyar a este tipo de asociaciones», además de cumplir la normativa que establece que las administraciones públicas «facilitarán las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore».
Estos trabajos se realizarán «tanto a iniciativa de los descendientes directos de las víctimas como de las entidades que, constituidas antes del 1 de junio de 2004, incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus fines», concluye el documento aportado por la Junta.