Castilla y León defiende las medidas contra los pisos turísticos ilegales
La Junta comparte sus políticas con regiones como Extremadura, Asturias y Andalucía.
efe | plasencia
Las comunidades de Andalucía, Castilla y León, Asturias y Extremadura mostraron ayer, en el transcurso del Congreso Internacional de Turismo de Interior que se celebra en Plasencia, las estrategias que cada autonomía ha puesto en marcha en su lucha contra los apartamentos turísticos ilegales. Desde Castilla y León se proponen luchar contra esta problemática «a través de la inspección, el acuerdo con los ayuntamientos, la información o el asesoramiento junto a un registro de infractores», según explicó la jefa de división Estratégica, Blanca Arévalo.
El director general de Turismo de Extremadura, Francisco Martín Simón, aseguró que la estrategia extremeña pasa por luchar contra la competencia desleal frente a los empresarios que pagan impuestos y crean trabajo. «Tenemos la obligación de ordenar la oferta turística, el sector y la convivencia, conceptos que está muy claros, por ejemplo, en los Planes de Ordenación Urbana de los municipios», añadió.
Asimismo, Martín aseguró que las actuaciones no se centran en el turista sino en el propietario. En este sentido, defendió la necesidad de mostrar el número del Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura, que se asigna una vez presentada la declaración responsable de inicio de actividad turística, en las nuevas plataformas de comercialización turística.
Hasta la fecha, Extremadura ha detectado 608 alojamientos turísticos ilegales en toda la región, que se publicitan en canales de oferta turística y se han iniciado actuaciones previas al procedimiento sancionador en 205 casos.
En el caso de Andalucía, la directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, Carmen Arjona, manifestó que el decreto de la Junta de Andalucía «responde a las expectativas y necesidades de nuestra comunidad autónoma» y ha abogado por que el Estado «marque una armonización a cumplir en todo el Estado español».
Un término en el que todas las regiones participantes han mostrado su acuerdo, al igual que en la participación conjunta, gobierno regional y municipal, en la lucha contra estos alojamientos ilegales.
Por su parte, el director general de Comercio y Turismo de Asturias, Julio Manuel González, apostó por «abordar esta ilegalidad desde una estrategia turística».