El PP se opone a derogar el decreto de residencias pero con más plazas
El PP rechazó ayer una propuesta del PSOE que pretendía derogar el Decreto autonómico de autorización y funcionamiento de residencias de mayores, al considerarlo «injusto, insolidario y discriminatorio», pero sí ha aceptado aumentar el número de plazas públicas en residencias y centros de día.
El debate lo llevó al Pleno de las Cortes la procuradora socialista Ana María Muñoz de la Peña, defensora de una moción cuyo primer punto pedía la derogación del decreto, que según la proponente es «similar y cambia muy poco» del que previamente había anulado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Para la representante socialista, esta normativa resulta perjudicial para los intereses de los residentes, al no disponer de profesionales sanitarios de forma permanente para atenderles, porque se aplican «criterios liberalizadores desde la derecha más extrema».
Muñoz de la Peña ha remarcado que Castilla y León tiene una tasa de envejecimiento cinco puntos superior a la de la media nacional, por lo que las administraciones deben «ser conscientes» de que deben dar una respuesta a esta demanda de plazas residenciales, que en esta Comunidad son el 9% públicas, el 24% concertadas y el 66% privadas, en un reparto que la socialista criticó por tratarse de un «modelo privatizado».
La portavoz adjunta del Grupo Popular María del Mar González defendió que el modelo residencial aplicado en Castilla y León es de «calidad, integral y personalizada» y propuso modificar el segundo de los puntos de la moción socialista para mantener la continuidad del decreto, que considera se centra en los intereses y preferencias de los residentes.
Cree que los socialistas quieren derogar esta normativa «porque algún sindicato o colegio profesional» lo piden por unos intereses «legítimos», pero que «no coinciden con los de otros profesionales y los residentes».