La ley mejorará la transparencia y el pago a proveedores
Encabo y Amilivia resaltan la importancia de la nueva norma de contratación pública.
El presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia. DL
Efe | Valladolid
El presidente de Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, y su homólogo del Consejo Consultivo, Mario Amilivia, aseguraron ayer que la nueva ley de Contratación Pública aprobada el 19 de octubre mejorará el pago a proveedores en la Comunidad y aumentará la transparencia de estos acuerdos.
Momentos antes de inaugurar una jornada que reunió a más de 300 empleados públicos de la Comunidad ayer en las Cortes, el primero en destacar estas innovaciones de la ley nacional ante los medios de información fue el presidente del Consejo de Cuentas, quien subrayó que este nuevo marco legal supone un «giro importante» en el modo de negociar los contratos.
Eminentemente serán dos los principios que guíen estas nuevas relaciones contractuales, por un lado «la transparencia» y, por otro, la mejora de la «calidad-precio», explicó Encabo, quien recordó que estas operaciones mueven en Castilla y León un montante de más de 3.500 millones de euros anualmente.
Asimismo, el presidente de este órgano del erario público recordó que en los últimos años el Consejo de Cuentas ha elaborado 15 informes «especialmente versados en materia de contratación», donde se han reflejado y clarificado puntos que han concernido al marco económico y competencial de las firmas.
Por otro lado, el presidente del Consejo Consultivo enfatizó en la mejora de la transparencia en la contratación pública que recoge la ley publicada el pasado 9 de noviembre y donde Castilla y León es de las primeras Comunidades en organizar una jornada para clarificar y explicar a los empleados púbicos las novedades de este nuevo marco legal. Asimismo, Amilivia expuso que el Tribunal de Recursos, un órgano adscrito a la Institución Propia de la Comunidad, ha resuelto desde 2012 un total de 507 asuntos sobre contratos recurridos, por una suma total de 3.750 millones de euros, que han permitido «reducir el porcentaje de litigios en todas las provincias», lo que ha generado «seguridad jurídica y ahorro público». El presidente del consultivo ha insistido en que con esta ley se ha pretendido que la contratación pública «ya no sea un fin en sí mismo», sino «una herramienta al servicio de otras políticas».