La Comunidad no quiere que suba el porcentaje de tributos cedidos

Efe | Valladolid

Castilla y León planteó ayer en la reunión sobre fiscalidad convocada por el Ministerio de Hacienda que no haya aumentos en el porcentaje de tributos cedidos a las autonomías, ya que eso incrementaría «las grandes diferencias que existen y tendría un impacto muy negativo en la solidaridad de los españoles».

Así lo detalló ayer la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que insistió en que un aumento de los porcentajes de tributos cedidos llevaría a que las comunidades autónomas con personas que son más ricas o tienen más renta tengan más recursos. Se daría la paradoja de que «una persona más rica tendría derecho a tener mejores servicios públicos», lo que va contra el principio de solidaridad, incidió Del Olmo.

Castilla y León también ha pedido «lealtad institucional» al Gobierno, de forma que lleve al Consejo de Política Fiscal y Financiera las normas que van a ser modificadas y lo que va a costar, para saber qué opinan las autonomías que se pueden ver afectadas con esas decisiones en forma de menores ingresos.

También reclama Castilla y León que la Agencia Tributaria revise el domicilio fiscal de las personas físicas —en torno a un centenar el último ejercicio y la mayoría con rentas altas— que han cambiado ficticiamente de empadronamiento para beneficiarse de ventajas fiscales de otros territorios aunque siguen beneficiándose de los servicios de esta Comunidad.

Del Olmo defendió además que si hay una ampliación de la fiscalidad para las autonomías que venga de la mano de los impuestos sobre el medio ambiente, que a su juicio deben gestionar directamente las comunidades. A través del director general de Tributos y Financiación Autonómica, José Agustín Manzano, Castilla y León transmitió ayer en esa reunión sobre el apartado de tributos e impuestos, de cara a la reforma del modelo de financiación, que haya transparencia sobre cómo va afectar la ley del cupo vasco a la financiación per cápita y si se «van a incrementar las diferencias».

Competencia fiscal

Castilla y León pide además que haya un mínimo de tributación que también sea aplicable al País Vasco, para que no haya una «competencia fiscal desleal» que incide en la deslocalización de empresas y la actividad y el empleo; y que los ajustes de las transferencias del Estado al País Vasco «no se resten de la parte de las comunidades autónomas sino del Estado». También quiere que sea el Estado el que recurra cuando haya comunidades afectadas por una menor presión fiscal vasca, ya que las autonomías no pueden hacerlo por el blindaje del cupo vasco. Del Olmo dijo que con las cesiones actuales de la recaudación de impuestos a las autonomías, las diferencias entre comunidades ya son muy grandes.