CAJAS ■ UNA GESTIÓNNANTE
La Caja financió créditos a su presidente por el 117% del valor de compra sin IVA
Los inspectores aseguran que los créditos a Santos Llamas alcanzaron el carácter de «dudosos» hasta en un 37%

Los inspectores del Banco de España con el por entonces fiscal jefe de León, Emilio Álvarez. JESÚS F. SALVADORES
«No hubo ningún seguimiento de las operaciones de crédito concedidos al grupo Santos Llamas, existiendo límites de disposición del 50%, que algunas veces alcanzó el 87%». Esta afirmación textual forma parte de la declaración que los inspectores del Banco de España Miquel Seguí y Francisco Javier Lorente realizaron en sede judicial el pasado mes de marzo ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de León —que instruye el caso — el fiscal jefe, los abogados de la acusación particular y los de la defensa de los consejeros investigados. Los peritos añadieron que los créditos que analizaron en 2007 y 2008 alcanzaron el carácter de «dudosos» hasta un 37% de los que fueron objeto de inspección.
Sin riesgo
Además, y lo que resulta mucho más inaudito, en una ocasión se llegó a financiar el 117% del precio de compra sin IVA. En la misma declaración, los expertos del Banco de España aseguran que los consejeros de Caja España permitieron que su presidente se financiara con créditos de la entidad sin asumir riesgo alguno. «Todos los riesgos los asumía, en su totalidad, Caja España», sostienen en las grabaciones. Los inspectores añadieron que, según sus investigaciones, los por entonces consejeros — Miguel Ángel Álvarez, Artemio Domínguez González, Bernardo Fernández Álvarez, Francisco Javier Fernández, Alfredo Fernández Salvadores, Juan Elicio Fierro Vidal, Marcos García González, Francisco Javier García-Prieto, Zenón Jiménez Ridruejo, Fernando Martínez Maíllo, Alejandro Menéndez Moreno, María Begoña Núñez, María Olga Palacio y José Antonio Turrado— incumplieron los límites y la política de riesgo que la propia entidad se había impuesto y aprobado en el Consejo de Administración celebrado en abril de 2004.
El Juzgado número 5 de León investiga las operaciones del Consejo a raíz de una denuncia presentada por Izquierda Unida cuyas diligencias se abrieron en el año 2013. El consejo de administración que aprobó las operaciones entre 2007 y 2009 está investigando por la refinanciación de la deuda de Santos Llamas. El 8 de enero, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de León solicitó a los abogados de los investigados información acerca de si sus defendidos ostentan la condición de aforado.