Gasolineras con y sin personal

efe | valladolid

El Grupo Popular de las Cortes de Castilla y León ha registrado una proposición de ley encaminada a derogar la modificación del Estatuto del Consumidor que se aprobó en octubre de 2016 y que, en la práctica, implicaba la prohibición de la existencia de gasolineras desatendidas en esta Comunidad.

El portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha explicado que esta propuesta, que espera pueda ser aprobada antes de Semana Santa, se debe a que la normativa estatal ha regulado los objetivos de seguridad y de accesibilidad para personas discapacitadas que se propusieron con la prohibición, pero también tiene que ver con la amenaza de sanción europea que pesa sobre España en esta materia.

Tras su previsible aprobación en las Cortes, dado que al menos Ciudadanos se opuso a esta modificación en su día, la normativa volverá al texto anterior, por lo que De la Hoz ha considerado que «ya no tiene sentido» que prosiga su tramitación parlamentaria la iniciativa legislativa popular que había promovido la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl), contraria a los efectos que tiene la norma para las gasolineras propiedad de las cooperativas.

Urcacyl recogió 16.000 firmas solicitando que la prohibición de las gasolineras desatendidas tuviera como excepción a aquellas que tengan como titular una cooperativa, por lo que el representante del PP ha afirmado que con la derogación se va más allá de la demanda de la ILP.

Tanto De la Hoz como el portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Popular, Salvador Cruz, han asumido el peso que ha tenido la posible sanción que podría recaer sobre España por las regulaciones autonómicas que han prohibido en la práctica la existencia de este tipo de gasolineras —sólo Madrid, Cataluña y Cantabria no lo habían abordado—.

«Lo que hicimos lo hicimos bien o creíamos que lo estábamos haciendo bien», ha resumido De la Hoz, quien ha recordado que otros países como Italia y Grecia están en la misma situación que España en este momento, con la advertencia de la Comisión Europea de que esta prohibición «pudiera no ser» compatible con el derecho comunitario.

El PP interpreta que lo que las instituciones europeas plantean es que para conseguir los objetivos de seguridad y accesibilidad que inspiraron la modificación de la norma en Castilla y León no es necesario prohibir la existencia de las gasolineras desatendidas, sino que se puede regular mediante otras normas.

De la Hoz ha explicado que es precisamente en este punto donde se ha atendido la normativa estatal que se ha aprobado en los últimos meses y que regula, tanto las nuevas condiciones de seguridad que deben de regir en las estaciones de servicio -interruptores de alarma, cámaras de vigilancia y facilidad para la inspección, entre otros-, como nuevas exigencias de accesibilidad, como pueden ser limitación de rampas y alturas de los surtidores.

Alerta de sanción

El procurador de Cs, David Castaño, consideró ayer que el cambio de posición anunciado por el Grupo Popular respecto a la prohibición de las gasolineras desatendidas, que ahora propone derogar, es «un insulto a la inteligencia» porque la alerta de sanción europea ya se conocía antes de su aprobación.

Castaño ya se mostró crítico con la prohibición de estos establecimientos en el debate parlamentario de octubre de 2016, cuando se aprobó la modificación del Estatuto del Consumidor con este fin, pero ahora ha declarado que los argumentos que utilizó entonces para oponerse a esta prohibición son los mismos.

«Es un insulto a la inteligencia», ha resumido al recordar que la «alerta» de sanción de la Comisión Europea por quebrar el principio de competencia «ya estaba encima de la mesa» y también era conocida la voluntad del Gobierno de España de modificar la normativa de gasolineras para aumentar las exigencias de seguridad en el suministro y para garantizar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida.