80 millones en comisiones
La comisión de investigación surgió a raíz de que la Agencia Tributaria emprendiera una investigación por las supuestas irregularidades detectadas en autorizaciones para la instalación de parques eólicos en Castilla y León, con el pago de unos 80 millones de euros en comisiones, de las que pudieran haberse beneficiado al menos dos exaltos cargos del Ejecutivo autonómico. La comisión se creó en octubre de 2015 y los socialistas han denunciado su inacción real desde marzo de 2016, cuando la oposición planteó la necesidad de llamar a declarar al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a lo que se opuso el PP, que desde entonces mantiene el argumento de que algunos de los asuntos abordados están subyúdice.
Desde entonces se han desarrollado sendas reuniones, pero sin avances en la fijación de un calendario de comparecencias, lo que han criticado los grupos de la oposición. A finales del pasado año los letrados de la Cámara elaboraron un informe en el que afirmaron que no se apreciaba «inactividad flagrante» en esta comisión y que fue trasladado por la presidenta de las Cortes a los grupos parlamentarios.