Casi medio millón para software científico en las universidades
El Consejo de Gobierno aprobó esta partida para los cuatro centros públicos de la Comunidad.
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de León. JESÚS
ical | valladolid
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León dio luz verde ayer a un contrato, por importe de 487.000 euros, de servicios de desarrollo e implantación de una software de gestión del equipamiento científico de laboratorios en las cuatro universidades públicas de la Comunidad: León, Valladolid, Salamanca y Burgos. Una actuación que se encuentra contemplada en el proyecto de Infraestructuras en Red de Castilla y León (Infrared). Esta iniciativa, suscrita en el año 2014, exige la implantación de un sistema de información común, también compartido, que permita gestionar todo el flujo de información que se genere. El adjudicatario del contrato no solo será responsable del desarrollo del sistema en su conjunto, sino que también tendrá de ocuparse de la implantación de la aplicación en las universidades, de la migración de los datos preexistentes en los casos en los que sea necesario, así como de la formación de usuarios y una fase de mantenimiento post implantación de la aplicación.
La aplicación inicialmente contemplará la gestión del equipamiento científico de las cuatro universidades públicas de Castilla y León, pero deberá estar diseñada y preparada para incluir en un futuro cuantas organizaciones deban unirse al sistema, así como para la incorporación de nuevas funcionalidades.
El plazo de ejecución del contrato previsto será de 27 meses de duración a partir de la firma; 18 meses para el desarrollo, implantación del sistema y validación por parte del comité técnico del proyecto y nueve meses adicionales de mantenimiento correctivo, adaptativo, preventivo, evolutivo y perfectivo sobre el sistema en su conjunto.
En otro orden de asuntos, la consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, defendió que las últimas sentencias sobre la caza del lobo al norte del río Duero no afectan a la regulación actual, puesto que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) afecta al Plan de Caza del lobo 2015-2016. Marcos explicó en la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que la Junta no «interpreta» las sentencias, sino que las acata, pero recordó que el fallo no es firme, puesto que todavía está abierta la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. La consejera recordó que la última sentencia se basa en otras anteriores que también han sido recurridas en casación, sin que se conozca la posición del Supremo. Además, Milagros Marcos subrayó que la Junta trabaja para mantener en un buen estado de conservación al lobo, una especie protegida, pero también para lograr un equilibrio con los intereses «en juego», principalmente, del sector ganadero.
Marcos destacó la labor de la Junta en las instituciones europeas para compatibilizar la conservación del lobo y la actividad ganadera y agrícola.