Las Cortes reclaman la integración laboral de los militares temporales

efe | valladolid

Las Cortes de Castilla y León se convirtieron ayer en el primer parlamento en urgir por unanimidad a que se cumpla la ley a la hora de integrar en el mercado laboral a los militares temporales españoles, los de tropa y marinería, que deben abandonar las fuerzas armadas al cumplir los 45 años.

Se trata de unos 70.000 profesionales en España —6.300 en Castilla y León—, que en su mayoría, unos 60.000 —5.400 en la comunidad castellana y leonesa— deben abandonar las fuerzas armadas al cumplir 45 años, y de los que en 2018 dejarán ya el servicio activo 900 y otros 3.000 en 2020.

Todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León —PP, PSOE, Podemos, Cs, IU y UPL— han consensuado una proposición no de ley en la que piden al Gobierno autonómico que inste al central a que cumpla la ley y refuerce las actuaciones para lograr esa plena integración laboral de estos profesionales, y se intensifique el trabajo de la subcomisión creada al efecto en el Congreso.

Analizar el modelo de tropa

Esa subcomisión tiene como cometido analizar el modelo de tropa y marinería para que el Gobierno y el Ministerio de Defensa promuevan las reformas necesarias para lograr una carrera y trayectoria profesional integrada y digna, según se recuerda en la resolución de las Cortes. Además, el parlamento de Castilla y León se dirige al Ejecutivo autonómico para que exprese su preocupación por la salida de «miles de hombres y mujeres, militares temporales, sin que exista una estrategia de empleo específica para afrontar su plena integración laboral» y que la situación se reoriente a la «mayor brevedad posible».

El debate ha sido seguido desde la tribuna del parlamento por representantes de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que ha sido la promotora para que la iniciativa llegara a las Cortes.

Desde el PP, el procurador Ángel Ibáñez valorado la iniciativa conjunta fruto de las reuniones con AUME, ha repasado las medidas puestas en marcha entre el 2014 y 2017, como la reserva de plazas para este personal del 40 por ciento en la Guardia Civil o del 20 por ciento en la Policía Nacional y la vigilancia aduanera. El portavoz del grupo parlamentario socialista, Luis Tudanca, que conoció esta cuestión cuando era diputado nacional en la Comisión de Defensa del Congreso, ha incidido en que lo que se pide es que se cumpla lo que ya está recogido en distintas leyes españolas para lograr la integración laboral de estos militares temporales en el momento en el que han de abandonar su relación profesional con las Fuerzas Armadas. Ha confiado además en que Castilla y León sirva, con la aprobación de ayer, la primera de toda España, de punta de lanza y se abra «una ventana» en esta reivindicación en toda España.

Macrogranjas

El debate sobre el modelo de macrogranjas, la ganadería intensiva frente a la extensiva, ha vuelto a dividir ayer a los grupos de las Cortes de Castilla y León, tras pedir IU su rechazo y plantear incluso una regulación y cambio de la ley para proteger a los pequeños ganaderos y cooperativas. El procurador de IU, José Sarrión, ha pedido que se abra un debate sobre si ante estas macroexplotaciones, como la prevista en Noviercas, en Soria, con 20.000 vacas, basta con que se cumpla la ley o hay que preguntarse si «la norma es correcta» o «hay que cambiar normas injustas». Ello en una Comunidad en la que hay más de 700 municipios afectados por esos proyectos, 43 en Palencia, 64 en Soria, 67 en Zamora, 77 en Burgos, 85 en Ávila, 97 en Salamanca, 116 en Segovia y 174 en Valladolid. Sarrión ha pedido «coherencia al PP», después de que ayer el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, reconociera que ese modelo de las macrogranjas no es el de su gobierno.