Clemente destaca el carácter social de la nueva ley de contratos
El Tribunal de Recursos resolvió 556 casos desde marzo de 2012.
Mario Amilivia, junto a Silvia Clemente. LETICIA PÉREZ
ical | valladolid
La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, destacó ayer la apuesta por la profesionalización de la contratación pública que asume la nueva Ley de Contratos, en vigor desde hace dos meses, una herramienta que genera y prima políticas sociales, frente a criterios de bajos precios anteriores, principalmente durante la crisis, que han conllevado consecuencias «no deseables», como no conocer cómo eran las empresas adjudicadas, si pagaban a sus empleados o si cumplían los convenios colectivos.
Así lo aseguró Clemente durante la apertura de una jornada celebrada en el Parlamento regional, a la que acudieron 200 profesionales, para analizar las herramientas que la nueva ley nacional pone a disposición de las administraciones públicas para «luchar contra el desempleo y mejorar la calidad del mismo, la perspectiva de género, la contratación de personas con discapacidad», así como la inserción laboral a través de la reserva de contratos a empresas de inserción y Centros Especiales de Empleo. Una herramienta que confió en que «sea usada por las administraciones en beneficio de los ciudadanos», y de la que, dijo, tiene mucho peso el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCyL).
Clemente, que estuvo acompañada del presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia, entidad que organizó el foro, consideró que la jornada es «muy oportuna» porque contribuye a la recomendación de la Unión Europea sobre la «profesionalización» de la contratación y dotar de los medios necesarios. «Es una materia muy compleja que cambia permanentemente.
Por ello es más necesario mantener una formación de los intervinientes», deslizó la presidenta de las Cortes, quien matizó que «responde a un tiempo nuevo», frente a las leyes de contratos anteriores, de 2007 y 2011. Ahora, se establecen condiciones «muy claras» para la calidad-precio y materializa obligaciones legales sobre discapacidad, ya que se prohíbe cerrar acuerdos empresa que no cumplen con el dos por ciento de empleo con discapacidad para las mayores de 50 trabajadores.
El Tribunal ha resuelto a fecha de hoy y desde marzo de 2012 que se creó, 556 recursos por un importe global de 4.137 millones de euros. En lo que va de año la cifra asciende a 37 recursos. Salamanca es la provincia de la que llega la mayor parte de los recursos resueltos en 2018, un total de nueve, seguida de Burgos con seis, Valladolid, cuatro, Ávila y Palencia, tres cada una, Segovia con dos, y León y Soria, una.