Los impuestos fuerzan a 80 empresas a ‘huir’ de la Comunidad en sólo 3 meses
Santiago Aparicio advierte de que los ingresos en Castilla y León se verán mermados .
m. l. martínez | burgos
El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, advirtió ayer en Burgos del cambio de sede social de 80 empresas de Castilla y León a otras comunidades, «más del 75 por ciento de ellas a Madrid», en el primer trimestre del año por razones como la fiscalidad y las inspecciones.
Aparicio, quien compareció en rueda de prensa antes de la celebración en la Casa del Empresario, sede de FAE de Burgos, donde se celebró una reunión ordinaria de la Junta Directiva de la patronal regional, lamentó la fuga de estas empresas ya que se verán «mermados» los ingresos en Castilla y León derivados del Impuesto de Sociedades.
El responsable de la patronal regional señaló que en 2016 un total de 216 empresas de la Castilla y León cambiaron de sede social a otra autonomía (más del 65 por ciento a Madrid); en 2017 rondaron las 240 empresas y en el primer trimestre del presente ejercicio ya se contabilizan 80 factorías. De seguir a este ritmo, «más de 300 empresas se van a deslocalizar» en la región a final de este año.
En este sentido, enumeró dos razones como causantes de este cambio de sede social. En primer lugar, apuntó, se debe a la fiscalidad ya que en Castilla y León existen tres impuestos: el de Patrimonio, el de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicas Documentados que otras regiones como Madrid no tienen. Y, en segundo lugar, las inspecciones a las empresas que, a su juicio, no se hacen de «manera ordenada y coherente». El año pasado, recordó, se recaudaron 1,5 millones de euros de las inspecciones realizadas a las empresas de la Comunidad.
En este segundo punto, Aparicio pidió al Gobierno «actuar contra la economía sumergida» ya que se estima que su desaparición supondría 180.000 millones de euros que generan este tipo de actividad en cuanto a que ésta supone cerca del 30 por ciento en España. «Si se lograsen recaudar 120.000 millones de esa cifra, se acabaría con el déficit en España de un plumazo». «Si no se actúa de manera consecuente contra la economía sumergida no vamos a poder mantener todos los servicios en los que España ahora es pionero», exclamó. «Va a ser insostenible todo», enfatizó. Así, entendió que en la actualidad, se está actuando contra los que «legalmente están establecidos» si bien matizó que «hay que inspeccionar para mantener un control y una legalización del sistema».
Ley electoral
El presidente de Cecale puso encima de la mesa otras inquietudes comunes, como la petición de cambio de la Ley Electoral ya que «las comunidades con partidos nacionalistas se ven beneficiadas cuando no hay mayorías absolutas» en alusión a la contraprestación que recibe por su apoyo al Gobierno para la aprobación de los PGE.