La Fiscalía pide 9 años de cárcel a León de la Riva
El ministerio público solicita 27 años de inhabilitación por el soterramiento del tren.
Javier León de la Riva, ex alcalde de Valladolid. R. VALTERO
ical | valladolid
La Fiscalía Provincial de Valladolid anunció ayer que mantendrá la solicitud de condena que suma nueve años de cárcel y 27 de inhabilitación especial para ejercer como concejal para el exalcalde de Valladolid Javier León de la Riva, por las tres cartas de conformidad (‘comfort letter’) que firmó en 2008, 2010 y 2011 con avales para el soterramiento del ferrocarril, que comprometían al Ayuntamiento de la capital a aportar 100 millones. El exregidor está acusado de tres delitos de prevaricación y tres de falsedad documental.
A falta de conocer los detalles de las conclusiones finales, durante el último día del juicio que tiene lugar en la Audiencia Provincial de Valladolid, la fiscal Ana Valle apuntó antes de la conclusión de la vista que mantiene las peticiones de condena para el exalcalde y para el exconcejal ‘popular’ Manuel Sánchez y el actual edil del PP en el Consistorio Alfredo Blanco, con una pena de 24 años de inhabilitación especial para ese cargo en cada caso.
Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid, personado como acusación particular, también mantiene su condena con una pena de tres años de cárcel y nueve de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación administrativa para De la Riva así como siete de inhabilitación para Blanco y Sánchez por delito de prevaricación pasiva o por omisión.
El escrito del Ministerio Fiscal, presentado en septiembre pasado en el Juzgado de Instrucción Número 4, sostiene que el Ayuntamiento de Valladolid, debido a su nivel de endeudamiento, no tenía capacidad financiera para concertar en 2011 lo que era un aval por importe de 100 millones de euros, y argumenta que se saltó los preceptos legales en su tramitación. Una idea en la que coincidió durante el juicio el actual interventor del Ayuntamiento de Valladolid, Rafael Salgado, que se ratificó en el informe redactado en su momento sobre las cartas de conformidad que firmó el exalcalde León de la Riva. No en vano, aseguró que las tres confort letter tenían un «carácter fuerte» con consideración de aval, algo que luego ratificó el propio Consejo de Cuentas. Subrayó que esta consideración, motivada principalmente por la elevada cuantía del aval, requería un informe jurídico para calificar la operación, otro del área de Intervención y una tramitación para su autorización o prohibición por el Pleno Municipal, al ser el órgano competente final de la administración municipal.