El teatrillo y los asuntos
E ste martes de san Dionisio coincidieron dos hechos parlamentarios de porte y repercusión diametralmente contrapuestos. Por la mañana, comparecía en el Congreso el inolvidable Francisco Álvarez Cascos (con su taladro de los túneles ferroviarios de Pajares, inservibles trece años después para todo lo que no sea sangría acuática y sumidero de millones), que tampoco sabía nada de cuanto le preguntaban en comisión, cuando la vicepresidenta de la mesa Beatriz Escudero saltó al arranque de Rufián y le llamó imbécil, por tildarla palmera y guiñarle el ojo, antes de marcharse a buscar otro escenario donde pregonar con más jaleo la ofensa. Esa comisión parlamentaria trata de averiguar ahora lo ya resuelto por la Justicia, que si habitualmente es lenta de reacción, en este caso también. Pero el asunto juzgado sirve luego para el teatrillo, que es lo que primordialmente cotiza en órbita parlamentaria, aunque no arroje ni un solo dato útil al esclarecimiento de lo investigado. Suma dietas para engordar la nómina, que de eso se trata. Precedieron al grandón Cascos, en el desfile por el confesonario del diputado canario Pedro Quevedo, el altivo Rato y el áspero Aznar, para júbilo compartido de los pesquisidores Rufián y Cantó. Por supuesto, sin otro provecho que engordar dietas e ilustrar el teatrillo de la actualidad.
El otro hecho parlamentario del martes fue vespertino y sucedió a orillas del Pisuerga, en las Cortes de Castilla y León. En su apartado inaugural de las preguntas al presidente de la Junta, después de varios turnos orientados a la pesquisa de asuntos internos de naturaleza doméstica (relación de puestos de trabajo administrativos; incremento de la deuda pública; y adelgazamiento del sector público por agrupación o extinción de satélites), el procurador de Izquierda Unida José Carrión, que volvía de acompañar a los trabajadores de Vestas en su viaje delator a Bruselas, exhibió el desafío para la gobernanza que plantea una reciente sentencia del juzgado vallisoletano de lo contencioso número 2, al situar por debajo del umbral de la pobreza la ayuda de 430 euros establecida por la Junta de Castilla y León para los parados de larga duración. La demanda la había planteado la organización ‘Parados en movimiento’, media docena de cuyos miembros escuchó el cruce de opiniones desde la tribuna del parlamento. Al final, cuando el conciliador presidente Herrera contestó a su interpelante Sarrión que lamentablemente los recursos disponibles eran limitados y no veía factible aumentarlos doscientos euros por cada parado en desamparo, uno de los concernidos interpeló desde el mirador de la tribuna que «con el dinero que nos dais, no se puede vivir». Yo lo escuché en directo y les aseguro que el desgarro de su protesta no era impostado ni de teatrillo. También soy consciente de que la interpelación intempestiva no cabe en un parlamento, por lo que fue seguida de la orden de desalojo, con recomendación de no volver. Según Comisiones Obreras, más de 433.000 personas conviven con nosotros en la Comunidad con un rango económico que no alcanza el umbral de la pobreza, incumpliendo la Carta Social Europea firmada por España. Muchos de ellos con niños y sin teatrillo. Por eso los expulsamos.