Los docentes piden que se regule el uso de los móviles en el aula
El mal uso del teléfono en clase se ha convertido en una importante fuente de conflicto.
Una joven utiliza su teléfono móvil junta a un instituto de la capital vallisoletana. RUBÉN CACHO
R. Travesí | valladolid
El 72,3% de los niños de entre 10 y 15 años en Castilla y León dispone de un teléfono móvil, según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre Equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares en España . Es decir, unos 75.000 adolescentes de la Comunidad cuentan con un ‘smartphone’. Su uso se ha generalizado tanto que no escapa a ningún lugar pero hay sitios donde están vetados como las aulas de los centros educativos. Pero siempre hay alumnos dispuestos a transgredir las normas y causar problemas a compañeros y profesores al colgar fotos o vídeos en las redes sociales, las grabaciones de agresiones o los acosos.
«Decirle a un alumno que guarde su móvil y responderme que si no puedo esperar a que él acabe la partida que estaba jugando» fue un comentario de un profesor de un centro de Secundaria en Burgos, recogido en una encuesta realizada el curso pasado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) entre un millar de docentes. Muchos de ellos reconocían que el origen de la mayor parte de los problemas era el teléfono móvil. «El tema de los móviles en clase causa muchos conflictos y más aún entre los alumnos de mayor edad», reconocía otro profesor de Soria.
En el mismo sentido, se pronunció otro de León al recordar que, en una ocasión, un estudiante se negó a guardar su móvil en horas de clase u otro que fue sorprendido copiando en un examen con el ‘smartphone’. La encuesta hacía referencia al mal uso de estos dispositivos en el centro y el aula, con grabaciones y fotos a profesores para luego divulgarlas en las redes sociales. También advertían del uso de los móviles para el ciberbullying entre compañeros o con ofensas importantes entre alumnos en grupos de WhatsApp que «repercuten muy negativamente» en el ambiente escolar.
La Consejería de Educación subraya que el uso de los móviles en las aulas no tiene una regulación normativa por parte de la Junta. Su titular, Fernando Rey, ya señaló durante la presentación del curso escolar que la administración «no debe y no va a prohibir porque el móvil puede y tiene fines pedagógicos». Incluso, recordó que muchos profesores lo emplean en las aulas. De esta manera, se desmarcaba de la decisión del Gobierno de Francia de prohibir los móviles en las escuelas.
Educación recuerda a la Agencia Ical que el uso del teléfono móvil, así como la vestimenta de los alumnos, depende del Reglamento de Régimen Interior (RRI) de los centros. Es decir, el documento que recoge las normas propias que fija cada centro y que aprueba su Consejo Escolar. La práctica totalidad de los centros prohíbe el uso del móvil en las aulas y en los propios centros. Un claro ejemplo es el Instituto de Educación Secundaria (IES) Diego Marín Aguilera en Burgos que en su reglamento interno «prohíbe en todo el recinto del centro el uso de móviles, cámaras fotográficas, grabadores y reproductores de audio y vídeo en el horario escolar, salvo en actividades académicas cuya programación así lo especifique». El objetivo, según el texto, es evitar interrupciones y molestias en las actividades docentes así como prevenir los robos y las pérdidas de estos aparatos y el mal uso que puedan hacer los alumnos.
Este documento precisa que el horario escolar incluye los periodos de descanso de cinco minutos entre clases y el recreo. También que el uso de móviles se considerará cuando estén activados y/o emitan algún tipo de sonido o que se encuentren a la vista. El reglamento interno del Diego Marín Aguilera señala que el profesor podrá retirar cualquiera de estos aparatos al alumno que incumpla estas normas y entregárselo a la Jefatura de Estudios. Será el jefe de estudios el encargado de devolver al alumno el móvil retirado en el plazo de siete días. Aunque este plazo aumentará al mes si se le confisca por segunda vez y en el caso de ser retirado por tercera vez, quedará bajo custodia de Jefatura de Estudios hasta final de curso. En cuanto a las sanciones, si un alumno se negase a entregar el móvil o cualquier aparato electrónico se le abriría un expediente disciplinario, lo que implicaría una «suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o todas ellas por un periodo superior a cinco días lectivos e inferior a 30 días».