El PP anima a acudir a la Justicia por las posibles ilegalidades del Hubu
El portavoz popular denuncia la «demagogia» y la «mentira» como estrategia de la oposición.
Los portavoces de los grupos de la oposición en la comisión de investigación. RUBÉN CACHO
ical | valladolid
El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León animó ayer a los grupos de la oposición a acudir a los tribunales si entienden que en la tramitación del Hospital Universitario de Burgos (Hubu) se han tomado decisiones ilegales, ya que en caso contrario estaría demostrando que las conclusiones a la Comisión de Investigación presentadas ayer «son simplemente una cortina de humo» para tapar su incompetencia.
El portavoz de los ‘populares’ en la comisión de investigación, Ángel Ibáñez, criticó asimismo que «la demagogia y la mentira siga siendo la principal estrategia de los grupos de la oposición en relación con un Hospital público magnífico como es el Hubu», a la vez que lamentó que los argumentos empleados ahora por la oposición, son exactamente los mismos que antes del inicio de la comisión.
Ante afirmaciones como que el Hospital está privatizado, Ibáñez se pregunta «cómo no se les cae la cara de vergüenza en seguir sosteniendo esa mentira, si cualquiera que acude al Hospital puede ver que la atención y la gestión asistencial es cien por cien pública, y que son solo servicios accesorios, como ocurre en la mayoría del resto de hospitales de la Comunidad, están privatizados».
En un comunicado recogido por Ical, el Grupo Popular lamenta que se sigan utilizando términos como el «oscurantismo» del expediente, cuando la oposición ha tenido acceso a toda la documentación que han requerido. «Pareciera que no se han leído los papeles y que su trabajo en la Comisión ha sido puro postureo», aseveró Ibáñez.
Respecto a las «sospechas de irregularidades» en cuanto a les gestión del expediente y de los modificados, Ibáñez se ha mostrado especialmente crítico, por cuanto ha afirmado que «si los servicios jurídicos de la Junta, el Consejo Consultivo de Castilla y León, y el propio Tribunal de Cuentas han acreditado que todo el expediente se ajusta a derecho.
Respecto a las «sospechas de irregularidades» en cuanto a les gestión del expediente y de los modificados, Ibáñez se mostró especialmente crítico y afirmó que «si los servicios jurídicos de la Junta, el Consejo Consultivo de Castilla y León, y el propio Tribunal de Cuentas acreditaron que todo el expediente se ajustó a derecho, hablar de presuntas irregularidades solo puede deberse a una gran ignorancia o a unas importantes dosis de mala fe».