El Grupo Norte ya ha recibido dos sanciones de la administración
El portavoz de Medio Ambiente del Partido Socialista, José Luis Aceves aludió a una primera sanción a la empresa Grupo Norte Agrupación Empresarial de Servicios S.L, que es la que presta la atención, el pasado mes de mayo, cuando la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid notificó un acta de liquidación, por un importe de más de 695.000 euros, correspondiente al periodo comprendido entre enero de 2014 y marzo de 2018, como sujeto responsable, y a la Agencia de Protección Civil como sujeto solidario, por la utilización de la fórmula de subcontratación del servicio en el Centro Cordinador de Emergencias (CCE) y en la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE), a la subrogación obligatoria del personal que prestaba el servicio en la atención telefónica en la empresa adjudicataria anterior y otras cuestiones.
Esta notificación está considerada como «grave» según la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. Pero además, el pasado mes de octubre, la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid notificó a la empresa una infracción de 3.500 euros como consecuencia de un acta de infracción de la inspección de trabajo y Seguridad Social, debido al cómputo de las horas de localización en el servicio de atención de llamadas de urgencia, calificada como «grave», según la misma norma.
Para el Grupo Socialista, estos dos hechos hacen que las condiciones humanas de los trabajadores impidan prestar el mismo servicio que si lo hicieran «en condiciones adecuadas».
José Luis Aceves se preguntó hasta cuándo permitirá la Junta de Castilla y León el incumplimiento del pliego de condiciones por parte de la empresa y que esta lleve a cabo subcontrataciones del servicio. «Todo servicio de estas características tiene que tender a la profesionalización», recalcó el procurador Aceves.
Por ello, los socialistas solicitaron la comparecencia urgente del consejero de Fomento y Medio Ambiente para que ofrezca explicaciones al respecto porque «los controles de la Junta no se han producido», lo que ha llevado a estas resoluciones «demoledoras», lo que supone «un escándalo grave» debido a la falta de controles y la «inacción» de la Junta, que según los socialistas tiene también «una clara responsabilidad política».