NUEVAS LEYES
Las Cortes aprueban la Ley de Transporte Público por Carretera
La nueva norma recoge el amparo legal al transporte rural a la demanda, básico para León

El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su intervención en el pleno de las Cortes. DOS SANTOS
Los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Podemos y Mixto han dado el visto bueno a la Ley de Transporte Público por Carretera de Castilla y León que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha definido como un «buen ejemplo» de consenso, como han compartido todos los grupos, y que ha reivindicado como una manera de hacer «política en mayúsculas» ya que todos los partidos han sido capaces de anteponer sus intereses generales a las necesidades de la Comunidad. «Ha sido un trabajo codo a codo con los grupos para que confluyeran todas las sensibilidades», ha significado el consejero de Fomento y Medio Ambiente en su intervención en el trámite final de esta norma consensuada en fase de ponencia por lo que este miércoles no se ha mantenido viva ninguna parcial de los grupos, que en octubre plantearon dos enmiendas a la totalidad (Ciudadanos y PSOE).
ABSTENCIÓN POR LAS ENMIENDAS
Según ha explicado la procuradora de Ciudadanos Belén Rosado, aunque la formación naranja iba a votar en contra de la nueva ley por considerar que nace «obsoleta», tras «recapacitar» ha optado finalmente por la abstención en reconocimiento al «buen trabajo» realizado en la fase de negociación de las enmiendas que, según ha reiterado en sus críticas, no han sido suficientes, si bien ha expresado su confianza en que la nueva norma se pueda mejorar con sus desarrollo reglamentario, con el ejemplo del desarrollo del centro del coche autónomo en León.
En el caso del Grupo Podemos, que ha visto recogidas 23 de sus 24 enmiendas, Carlos Eduardo Chávez, ha expresado «cierto orgullo» por la aprobación de la Ley que, «en principio, sienta unas buenas bases para los próximos años», si bien ha advertido de que «la madre del cordero» estará en su desarrollo.
Dicho esto, ha advertido de que la Ley de Transporte Público de Viajeros por Carretera de Castilla y León podría haber ido más lejos ya que, para la formación morada, «carece de ambición» en reivindicaciones como el derecho a la movilidad en términos de derecho democrático para que los ciudadanos se puedan mover libremente por el territorio y puedan disfrutar de los derechos básicos fundamentales donde ve ahora «bastantes dificultades», con el ejemplo de que es más fácil ir de Soria a Madrid que a Valladolid.
Por parte del Grupo Socialista, Ana Muñoz de la Peña, se ha mostrado convencida de que las 35 enmiendas parciales del PSOE han ayudado a mejorar una Ley que, según ha recordado, arrastra un compromiso incumplido durante años pero se ha quedado con aspectos satisfactorios como el amparo legal al transporte rural a la demanda con la esperanza de que ahora «renazca de sus cenizas» ya que, según ha reconocido, se trata del «mejor sistema» para una comunidad como Castilla y León.
UNA LEY DE CONSENSO
Finalmente, desde la bancada ‘popular’ la procuradora Isabel Blanco Llamas no ha ocultado su «alegría» tras constatar que el mensaje más utilizado en este debate haya sido el «consenso» en torno a una Ley «de todos» que, según ha asegurado, es además una norma «para el futuro» porque nace con vocación de adaptarse a los nuevos tiempos, como ha asegurado el consejero en su intervención en la que ha recordado que la ley no podía esperar porque en diciembre de 2019 se acabarán las actuales concesiones.
Según ha defendido el consejero con la nueva Ley Castilla y León da un «salto cualitativo» en la ordenación del transporte público de viajeros por carretera con el objetivo de ofrecer un servicio «seguro, eficiente, moderno y de calidad» y ajustado a una comunidad «del siglo XXI» y a sus «singularidades, peculiaridades y características».

Alfonso Mañueco y Juan Vicente Herrera, ayer en el pleno de las Cortes. DOS SANTOS