La Comunidad encabeza la rebelión a la reforma educativa
El ‘no’ definitivo del PP condena a la ministra a lograr el respaldo de nacionalistas y Podemos.
El consejero de Educación, Fernando Rey, en la Conferencia Sectorial de Educación. JUAN LÁZARO
A. TORICES | MADRID
Isabel Celaá completó hoy el último trámite preceptivo para que el Consejo de Ministros pueda aprobar en breve y de manera definitiva el proyecto de nueva ley de educación. Antes, la ministra modificará el actual anteproyecto para incorporar parte de las enmiendas y mejoras que le han presentado los gobiernos autonómicos y la comunidad educativa —representada en el Consejo Escolar del Estado—, según se comprometió ayer con los consejeros del ramo de todas las autonomías, a los que reunió en conferencia sectorial para exponerles su reforma legislativa.
La idea del Ejecutivo es remitir el proyecto de ley en febrero al Congreso para que tramite la que sería la octava ley educativa de la democracia, que, en caso de ser aprobada, derogará la Lomce de Juan Ignacio Wert —sólo apoyada en 2013 por el PP— y modernizará la última ley educativa socialista, la LOE de 2006.
Todos los consejeros de Educación hicieron ayer una valoración positiva del borrador de reforma gubernamental salvo los cinco del PP: Castilla y León, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia. Los consejeros populares, con el de la Junta, Fernando Rey a la cabeza, lo descalificaron por completo, ratificaron que el ‘no’ de su partido es definitivo, y que cuando el proyecto llegue al Congreso presentarán una enmienda a la totalidad con su propia ley alternativa. Solo ven una reforma «ideológica» del gusto de los independentistas que rebaja la exigencia y limita la capacidad de elección de los padres: «Una chapuza cósmica» y «una vuelta al pasado».
El respaldo a la norma de las ocho autonomías gobernadas por el PSOE fue total y las cuatro vinculadas a formaciones nacionalistas, País Vasco, Navarra, Cataluña y Canarias, dejaron la puerta abierta a negociar su apoyo siempre que se respeten sus propuestas.
El ‘no’ rotundo del PP, sumado a la negativa a respaldar una reforma educativa sin amplio consenso ya anticipada por Ciudadanos, condena a Celaá a conseguir el apoyo parlamentario de al menos la misma mayoría coyuntural que permitió el desalojo de la Moncloa de Mariano Rajoy —Podemos, PNV, ERC y PDeCAT— si quiere lograr los 176 escaños que se necesitan para aprobar una ley orgánica, como es el caso.
Unidos Podemos ya ha avisado al Gobierno que, ahora, no cuenta con sus votos. Le exige la Religión fuera del horario escolar, elevar la inversión educativa al 5% del PIB, y liquidar los conciertos con centros privados en Bachillerato y FP.
El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, afirmó que los responsables autonómicos de esta cartera, con independencia del partido al que representan, podrían alcanzar un pacto de Estado por la educación en España «sin ninguna duda», y atribuyó al Ministerio la imposiblidad de hacerlo. «Hemos asistido al típico pendulazo de partido que gobierna, partido que impone su visión, y así nos va», sentenció.
REBAJAR EL NIVEL
Para el consejero, la propuesta del Ministerio pretende «rebajar el nivel educativo y desplomar aún más los niveles y con el apoyo de los independentistas», y para lo que «pedirán apoyo a los populistas». Rey reconoció que la Lomce «tenía algunos elementos malos de solemnidad», «Ahora volvemos al sistema anterior donde cada comunidad autónoma hace lo que quiera y con impunidad van a poder hacer la lengua propia, y dar la historia que ellos quieran con los resultados que hemos visto en Cataluña». De hecho, señaló que «los partidos nacionalistas, allí donde gobiernan, son favorables al texto porque beneficia a una idea fragmentada del país».