Atasco en la autonomía
E n el estreno del año electoral, conviene resaltar los desdenes que vienen padeciendo en la taquilla autonómica de la delegación, las juntas vecinales encargadas de gestionar la mayor parte del común provincial. Un desdén más relevante por proceder de quien previamente a su empleo político fue funcionario entregado a la gestión prioritaria de asuntos rurales. Me refiero al charro Guillermo García, quien antes de ser aupado al mascarón autonómico por la difunta Isabel Carrasco ejerció durante años en el Icona asumido por el servicio de Medio Ambiente de la Autonomía. Este encargo político le tocó al charro García, según su inductora, por una «trayectoria de competencia, lealtad, empeño y dedicación», palabras averiadas por la vacuidad del pregón. Elogios convertidos en estantiguas, un género del que no conviene ocuparse ni dedicarle tiempo. Porque vienen decoradas con la máscara del vínculo político, purpurina que todo lo desvirtúa.
Lo que no está vacío, y por tanto obliga a Guillermo García y sus gabrieles de la taquilla autonómica en León, es el régimen local de las pedanías, que gobiernan escrupulosamente y sin gastos los bienes comunales de los pueblos, figurando como competencia exclusiva en el artículo 70 del vigente Estatuto de Autonomía. Una competencia autonómica que afecta al setenta por ciento del territorio provincial. Así que sus conflictos no son asuntos de menudeo, porque con ligeras variaciones se repiten en todos los pueblos, y ponen de manifiesto un desdén irritante. Los bautizados en pila de pueblo conocemos por experiencia lo que importan nuestros asuntos a la función pública autonómica. Así que no resignamos el recuento de desprecios.
Vapuleados por el mandoble del amortizado Montoro al mundo rural, con su alocada pretensión de funcionarizar las juntas vecinales, seguimos soportando el maltrato sistemático de los gabrieles medioambientales de Guillermo García desde la delegación autonómica. Autorizan macro granjas en núcleos urbanos y no vigilan si la siembra de los purines se realiza a capricho o en las circunstancias exigidas por la norma. Pasé unos días en el pueblo estas Navidades y vuelvo ilustrado de ejemplos. Porque juegan sistemáticamente con la dispersa insignificancia de las pedanías, tratando al parecer de vaciarlas de paisanos para multiplicar los destrozos con proyectos claramente ilegales.
Les cuento muy resumido que Guillermo García y sus gabrieles tampoco atienden los compromisos del consejero Suárez Quiñones en sede parlamentaria, para corregir averías ambientales en los pueblos. Las tropelías cometidas por la arenera de Carrocera, autorizada en el Bocyl del 2 de enero de 2015, rompieron de inmediato las cautelas establecidas en la declaración de impacto ambiental, sin que los servicios territoriales de Economía y Fomento, así como la guardería de la Confederación Hidrográfica del Duero, se dieran por enterados de las denuncias de la junta vecinal, cuyos miembros aprendieron durante estos trámites cuán holgados son los períodos de relajo de los altivos gabrieles autonómicos de Guillermo García.
En este caso, fue la intervención suplicada del procurador de Ciudadanos en las Cortes Manuel Mitadiel, así como del Procurador del Común, la que consiguió ya en 2016 el compromiso del consejero Suárez Quiñones de aplicar la fianza depositada por la arenera a reparar el zurullo de atropellos ilegales causado en el Camparón de mi pueblo. Pero ocurre que dos años y medio después del anuncio del consejero en las Cortes, todavía no han tenido tiempo de poner en marcha el arreglo. Es más, don Guillermo García ni siquiera ha comunicado a la junta vecinal la asunción del destrozo.