La Junta recupera ahora las ayudas a la dependencia que eliminó en 2012

La Junta de Castilla y León ha recuperado, con fecha a 1 de enero, todas las prestaciones económicas que reciben las personas dependientes por cuidados en el entorno familiar y que en el año 2012 se redujeron un 15 por ciento con motivo de la crisis. Una decisión que beneficiará a casi 25.000 personas que verán incrementada la cuantía que reciben actualmente en al menos un 5,6 por ciento y supondrá un coste para la administración regional de 2,5 millones de euros.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ya aseguró en mayo pasado tras anunciar que se recuperaba el 70 por ciento de las ayudas a dependientes por ciudadanos en el entorno familiar que el resto se completaría en 2019 “si las circunstancias económicas y presupuestarias lo permitían». En su momento, el Gobierno autonómico adoptó medidas complementarias a las del Estado como aumentar en un 20 por ciento las cuantías máximas para acceder a los servicios profesionales del sistema para los grados III y I y el 75 por ciento para el grado II mientras se reducía un 15 por ciento las cuantías de los cuidados en el entorno familiar.

Ayer la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, presentó un acuerdo con Cermi Castilla y León con unas mejoras en prestaciones de dependencia y unos cambios en la normativa de precios públicos. Antes de presidir en Valladolid la reunión de la Sección de Discapacidad de Servicios Sociales de Castilla y León, García señaló que, de esta manera, se equipan las cuantías máximas en cada grado a las previstas por la normativa estatal.

1.500 beneficiados

También destacó los importantes avances en la normativa de precios públicos porque la aportación del usuario del servicio de centro de día a las personas con discapacidad que vivan solos en su domicilio se reduce un 20 por ciento. Una medida que beneficiará a más de 1.500 personas que se ahorrarán unos 900.000 euros.

Otra de las novedades es la eliminación del cómputo del patrimonio para las personas con discapacidad menores de 65 años para potenciar su autonomía que se suma a la medida que se pasará a calcular solo el 70 por ciento de sus ingresos por trabajo con el objetivo de incentivar el empleo y dar seguridad económica al colectivo. Además, se aprobará un incremento del porcentaje del coste del servicio que abona la Junta en la prestación vinculada por el sistema de dependencia. Esto implica que en los servicios en los que se agota la ayuda a domicilio, centro de día y promoción de la autonomía se reducirá la aportación que debe realizar la persona. La estimación es que unas 4.000 personas se beneficien de esta mejor.

También se incrementan las compatibilidades entre prestaciones ya que las personas que no viven en residencia podrán beneficiarse de cualquier. Hasta ahora, solo estaban limitados a la promoción y asistencia personal para menores de 18 años.

Por último, habrá un incremento del llamado ‘dinero de bolsillo’ para que las personas con discapacidad que viven en centros puedan afrontar con garantías sus gastos personales. A los que residan en viviendas, se les garantizará siempre el 45 por ciento de la cuantía mensual de la pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo.