Un mes para buscar un recurso a víctimas de violencia en emergencia
El nuevo decreto regula, por primera vez, la acreditación como un plus de garantía de calidad y buen funcionamiento El objetivo es garantizar una atención íntegra en los centros.
La consejera de Familia, Alicia García, tras el Consejo de Gobierno. MIRIAM CHACÓN
ical | valladolid
La Junta de Castilla y León se marca el plazo de un mes para ofrecer un recurso a víctimas de violencia de género que se encuentran en centros de emergencia, que puede ir desde contar con «un hogar temporal» hasta facilitar material básico, apoyo psicológico o contar con una orientación para rehacer su vida y siempre con el objetivo último de ‘Violencia cero’.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto que regula la autorización y funcionamiento de los centros de la Red de Atención a Víctimas de Violencia de Género de Castilla y León, cuyo contenido desgranó en la posterior rueda de prensa la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, que precisó que cada año destinan un millón de euros, en concreto 540.000 a los centros de emergencia y 550.000 a las casas de acogida.
La red de centros de acogida para víctimas de Castilla y León está compuesta en la actualidad por 14 casas de acogida y tres centros de emergencias, que atienden de media al año a unas 470 personas gracias a más de 80 profesionales, son un servicio y una prestación gratuita del Catálogo de Servicios Sociales y su finalidad es proporcionar un alojamiento seguro y la mejor atención integral, especializada, cualificada y personalizada a las víctimas de violencia de género en Castilla y León.
En concreto, explicó que este decreto recoge preceptos de aplicación general a todos los centros lo que va a permitir contar con una Red homogénea de centros y casas de acogida coherente con el sistema de servicios sociales y que incorpora unos mínimos de garantías y calidad.
El objetivo es garantizar una atención integral y de seguridad en los centros tanto a las víctimas como a los menores dependientes de ellas, resaltó. Además, contempla que junto a los centros y casas de acogida actuales, puedan existir centros especializados según las necesidades específicas de las víctimas.
Alicia García aseguró que en este momento se da una respuesta a la totalidad de las víctimas de violencia de género que lo necesita y que existe una capacidad de respuesta ante un hipótetico aumento de la demanda. Entre los datos que ofreció están que la media de ocupación anual durante la legislatura ha sido de un 38,5 por ciento en centros de emergencia y de un 35,2 por ciento en casas de acogida. Además, indicó que en 2018 fueron 485 las víctimas atendidas en los centros y casas de acogida de la Red; 267 mujeres y 218 menores, lo que supuso un índice de ocupación del 34,1 por ciento. Durante la actual legislatura el número de víctimas atendidas ha permanecido estable, en torno a los 470 de media anual. De los últimos cuatro años, 2017 fue en el que se atendió a más víctimas con 519 (ocupación de centros del 41,2 por ciento) y 2016 el que menos, con 412 (ocupación del 31,3 por ciento).
Entre las novedades del decreto, destacó la distinción que hace entre el funcionamiento que deben tener los centros pertenecientes al sistema de responsabilidad pública y los centros privados, ya que los primeros están sujetos a unos procedimientos de actuación, instrucciones y herramientas que se han elaborado para conseguir ese funcionamiento coordinado.
También se pondrá en marcha una aplicación informática de gestión de plazas de los centros de acogida, para que las comisiones técnicas que determinan los ingresos sepan en todo momento la situación real de ocupación de plazas y facilite su labor a la hora de ingresar a las víctimas de violencia de género y personas dependientes de ellas.