Vuelta la burra al trigo
D esde luego, una vez conducidos al atasco de este callejón sin salida, sólo es posible saltar la valla con la palanca de una ley exprés, maniobra que el pleno de las Cortes aprobó ayer miércoles, a través de una proposición de ley en comandita de populares, socialistas y ciudadanos, que modifica la vigente ley de Caza de 1996. Si todo discurre según lo previsto, la mudanza volverá a permitir la caza en Castilla y León a partir del pleno de 26 de marzo. Porque ahora mismo dos sentencias concurrentes y sucesivas del Tribunal Superior la tienen suspendida en Castilla y León.
Ganaderos y cazadores se concentraron a las puertas de las Cortes para mostrar su exigencia de que el parlamento dé una solución al problema, cuyas consecuencias (económicas, causantes de accidentes de tráfico, de daños en los cultivos y de enfermedades silvestres) están perfectamente tasadas por los expertos y por quienes las padecen, que son los cazadores, los ganaderos y, sobre todo, los silenciosos supervivientes en los pueblos. Porque de lo que no puede distraer este ruido alentado por políticos, cazadores y ganaderos, que tienden a disparar contra una justicia que ahora les incomoda, es de la nefasta política ambiental practicada por la Junta de Castilla y León, que no se levanta de un revolcón judicial cuando ya tiene encima otros dos. Nefasta por ignorante y precaria.
Lo cual es mucho más grave de lo que parece, dada la excelencia de los estudios universitarios relacionados con esta área en Castilla y León, así como la singular relevancia del patrimonio natural de la Comunidad. Entonces, ¿de dónde viene la precariedad de gestión ambiental? Pues muy sencillo. Ni más ni menos que de la arrogancia despectiva de los gobernantes, tanto respecto a los expertos que deberían ilustrarles en su gestión como frente al patrimonio natural, cuyo pecado imperdonable consiste en estar repartido por los pueblos. Y ese sí que es un territorio maldito y perseguido por el brazo tonto de las delegaciones territoriales.
La dilatada historia, desde que la Comunidad recibió las competencias englobadas en el Icona, no puede decirse que haya sido una trayectoria de éxito. Primero las gestionó una dirección general de Agricultura, entre 1983 y 1989; luego, la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (1989-1999); y sucesivamente la de Medio Ambiente (1999-2011) y la de Fomento y Medio Ambiente (2011-2019), que es donde estamos. Una trayectoria jalonada por muchos más tropiezos que logros. ¿Y eso? Porque nunca se tomó en serio. Recuerdo cómo en la etapa de Jambrina como consejero de Lucas asentó plaza de consultor privilegiado el ambulante Tamames con su delegada Aída Nízar, extraída de la tómbola televisiva. El año 1997 le dieron incluso el premio Castilla y León de Medio Ambiente a Tamames, con la mala fortuna de su coincidencia en el agasajo con el pintor Esteban Vicente, quien no pudo soportar su degradante vecindad y acabó increpando con alboroto a la pareja Tamames-Nízar.
Semejante trayectoria marca la calaña de una gestión abocada a los varapalos judiciales, como estos últimos que prohibieron la caza. Es lo habitual, como lo es que el rebote final del Supremo o el Constitucional eche abajo los atropos ideados para sortear sentencias. Lo hizo el Supremo con el apaño de la estación de esquí de San Glorio y machacó el Constitucional la cabriola legal que pretendía asentar el centro de ocio Meseta esquí en la tierra quemada de Villavieja. Ya sabemos qué nos espera. Lo malo es el altivo desprecio perpetuo a los resistentes rurales, que no sienten necesidad de corregir ni políticos ni funcionarios. Así los amaños a pedido de impacto ambiental para la concesión de areneras o macro granjas. Y hecho el destrozo, que aguanten años, que en la Junta se olvidaron las prisas.