La Comunidad lidera una vez más los cierres de farmacias rurales
El colectivo entiende que su futuro pasa por establecer un modelo de botica asistencial.
Ana Teresa Jódar junto a la farmacia que regenta en la localidad vallisoletana de Alcazarén. R. CACHO
s. calleja | valladolid
Los cinco millones de euros que la Consejería de Sanidad ha destinado en los últimos años para asegurar la viabilidad económica de algunas farmacias, la mayoría en el medio rural, no son suficientes. Lo arrojan los datos que indican que en cuatro años 14 pueblos han perdido su farmacia, otra gota que va colmando el vaso del agotamiento del mundo rural que clama un plan de choque para no perder servicios y escapar de la maldición de la despoblación.
Hoy, Castilla y León cuenta con 1.620 oficinas de farmacia. De ellas, el 66,2 por ciento atiende al medio rural, 1.075. Hace cuatro años, había 1.089 farmacias en los pueblos, el 66,8 por ciento de las 1.631 con que contaba la Comunidad. Aunque también ha habido cierres en las capitales, estos negocios crecen, al evolucionar de las 542 a las 545, con un superávit de tres, frente a los 14 cierres registrados en los pueblos entre 2014 y 2018, según las estadísticas del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos consultadas por Ical.
La reordenación y coordinación de la guardias para liberar trabajo a estos profesionales; la aplicación del índice corrector de los márgenes de las oficinas de farmacia, que se traduce en ayudas a aquellas con poca población a su cargo, tanto rurales como urbanas, y el pago en tiempo y forma, no ha evitado que de las 26 farmacias que se cerraron el último año en España la mayoría fueran de Castilla y León, con ocho, siete de ellas en los pueblos. La única que se cerró en una capital fue en Burgos, y las otras se repartieron en las hasta tres de Zamora y, a razón de una, en Ávila, León, Soria y Valladolid. Es cierto, que en todos los casos la atención se ha garantizado, al abrirse un botiquín de farmacia o asumir la atención la farmacia del otro pueblo, pero cada vez que se cierra una farmacia sus vecinos pierden.
«Los últimos de Filipinas»
Pese a los esfuerzos por garantizar la continuidad de estos establecimientos, de carácter privado pero de interés público, la fórmula se resiente. Y es que ser farmacéutico de pueblo no es fácil. Lo explica Ana Teresa Jódar Pereña, la farmacéutica de Alcazarén (Valladolid), donde viven 700 personas, y que se encarga también del botiquín de Hornillos de Eresma, con 165 vecinos. Lleva diez años al frente de esta oficina. Apostó por trabajar en el medio rural, algo que la convierte en «una privilegiada», pero reconoce que la aventura entraña dificultades. La gran parte de los boticarios de pueblo están solos al frente de la farmacia; no pueden faltar y ante circunstancias inesperadas es muy complicado encontrar un sustituto. A ello suma que son los que más sufren las medidas de contención, porque sus beneficios son más que ajustados —ella tuvo que prescindir de la única empleada que tenía— y el problema va a más.