La Junta inicia el trámite para crear una agencia contra la corrupción
EFE | VALLADOLID
La Junta de Castilla y León ha dado ayer el primer paso para contar en el futuro con una agencia autonómica de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, que sea «independiente» y analice todas las entidades públicas y privadas que gestionen fondos públicos, incluidos los ayuntamientos.
El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea (Cs), también consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se trata de «extender la lucha contra el fraude a todas las entidades» que gestionan recursos públicos.
Igea ha anunciado que hoy mismo su departamento ha abierto una consulta pública sobre el borrador de la futura norma que dará cobertura a esta agencia y que ha visto como «el primer paso» para la aprobación de la ley.
La intención es «abarcar cualquier irregularidad en la toma de decisiones y el manejo de fondos y recursos públicos mediante la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción», ha explicado su departamento en un comunicado.
La Consejería de Transparencia pretende además «difundir la cultura de la responsabilidad en la lucha contra el fraude y la corrupción tanto de los empleados públicos como en el resto de la sociedad».
La creación de alertas y mapas de riesgos es una de las herramientas que el departamento que dirige Igea pretende introducir en esta normativa, que ahora queda abierta a las sugerencias y aportaciones de la sociedad a través del Portal de Gobierno Abierto, que se podrán presentar hasta el 22 de noviembre.
La Junta considera «indispensable la implicación de los empleados públicos y los ciudadanos», pero ha considerado «imprescindible» tomar medidas que den «protección a los posibles denunciantes ante posibles represalias que pudieran derivarse de la denuncia presentada», aunque para este apartado ya se aprobó una norma en la anterior legislatura.
Sin embargo, ahora la Consejería quiere dar un enfoque «integral» a estos procedimientos con una modificación de la norma, que ya recibió aportaciones para su cambio en septiembre pasado.
El vicepresidente ha destacado que esta normativa forma parte de otro de los puntos del acuerdo de gobernabilidad suscrito entre el PP y Ciudadanos, ante las «insuficientes» herramientas de que dispone la Junta para abordar la lucha contra el fraude y la corrupción.
La Consejería ha destacado la «independencia» y «autonomía» que pretende otorgar a esta agencia pública respecto de cualquier administración pública y con el objeto de «cumplir su finalidad».
En su comunicado, el departamento que dirige Igea ha remarcado que esta agencia «no ha de limitarse únicamente a la Administración general e institucional de la Comunidad sino que se extiende también a las entidades integrantes de la Administración local dentro de su territorio».
La pretensión de la Junta es que esta agencia abarque al resto de instituciones y entidades integrantes del sector público autonómico y «ha de incluir a las personas físicas o jurídicas que reciban fondos públicos, ya sea a través de subvenciones, ayudas, contratos o cualquier otro mecanismo jurídico».