El Consejo de Cuentas desvela que el sector público se endeudó en 2017 por 11.870 millones
ical | valladolid
El Consejo de Cuentas desveló ayer que el sector público autonómico alcanzó un endeudamiento en 2017 de 11.870 millones de euros, un 4,9 por ciento más que el año anterior, en un ejercicio en el que la Junta contó con las correspondientes autorizaciones de operaciones de endeudamiento por el Consejo de Ministros y se acogió al Fondo de Facilidad Financiera, a través del cual efectuó disposiciones con el ICO por importe de 612 millones. Sin embargo, «no cumplió» los límites de endeudamiento establecidos dentro del objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública, con un déficit del 0,99 por ciento del PIB regional, superior al 0,6 por ciento fijado como objetivo. Tampoco la regla de gasto, establecido en el 2,1 por ciento, con una variación respecto a 2016 del 5,1 por ciento.
Así lo establece en el Informe sobre la Cuenta General de la Comunidad correspondiente al año 2017, y en el que marca también una serie de recomendaciones. Una vez aprobado en el pleno de la institución, el Consejo entregó el documento a las Cortes de Castilla y León. Se trata de uno de los trabajos previstos normativamente en la ley reguladora del Consejo y corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones de 2018.
Las obligaciones crecen
Entre las conclusiones, señala que la suma de los presupuestos definitivos del conjunto de entidades integradas en la cuenta general fue de 15.494 millones de euros, habiendo experimentado un aumento de 1.311 millones respecto del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 9,3 por ciento. Las obligaciones reconocidas por el conjunto de entidades fueron de 10.675 millones, un 8,8 por ciento superiores a las de 2016, y los derechos reconocidos consolidados, 10.547 millones, un 8,4 por ciento más.
Las alegaciones formuladas por el interventor general de la Comunidad, así como las de consejerías y otras entidades del sector público autonómico fueron objeto de un análisis pormenorizado. Las admitidas dieron lugar a la modificación del informe, quedando mencionada dicha circunstancia. En opinión del Consejo, la Cuenta se presenta, «con carácter general, de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación y refleja de forma fiable la actividad económico-financiera de la Comunidad, excepto en aquellos incumplimientos y salvedades que pone de manifiesto el informe de fiscalización».
En este sentido, el informe concluye que la Cuenta General se ha rendido dentro del plazo contemplado en la normativa y recogiendo la información establecida. No obstante, existen carencias en la información suministrada en la Memoria y la Cuenta General de la Comunidad «sigue sin incluir todas las entidades que deberían estar integradas en la misma». Al igual que en ejercicios anteriores, los criterios utilizados para la formación de la Cuenta General «no son compatibles con los del Estado», ya que esta última, conforme a la nueva regulación, establece una «cuenta única consolidada» de todas las entidades que integran el sector público estatal, «ampliando el ámbito subjetivo» también a las controladas por la Administración General del Estado.
En la Comunidad se mantiene, señala la institución, la división en tres cuentas generales: la de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública, la del sector público empresarial y la del público fundacional. En las primeras de ellas, la consolidación efectuada en la liquidación del presupuesto «no elimina todas las operaciones internas entre las distintas entidades que integran esta cuenta general», por lo que el Consejo consideró que el estado de liquidación «no representa fielmente la ejecución del presupuesto y el resultado presupuestario».
A su juicio, la agregación realizada en el balance y en la cuenta del resultado «económico-patrimonial produce duplicidades» y, por tanto, «sobrevaloraciones en las magnitudes contables que reflejan las operaciones internas realizadas entre las diversas entidades, concretamente en transferencias corrientes y de capital, y en la cesión y adscripción de bienes».