El juez abre juicio oral a los acusados de la trama eólica
Fija a la Junta como responsable civil de las indemnizaciones
El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha decretado la apertura de juicio oral a los 16 acusados por la denominada ‘trama eólica’, cuyas peticiones de penas suman 138 años de cárcel y 848 millones de euros de multas.
Según informaciones de la prensa de Castilla y León recogidas por Europa Press, en un auto de 77 páginas, que recoge todos los escritos de acusación, el magistrado, además de decretar la apertura del juicio, les da 10 días a los investigados para depositar las fianzas para cubrir esos más de 848 millones de multa en la parte que les corresponda a cada uno de ellos, tal y como pedía la Fiscalía Anticorrupción, a lo que se sumaba la Abogacía del Estado. El escrito también fija, como solicitaba la Fiscalía, a la Junta de Castilla y León como responsable civil subsidiaria de aquellas indemnizaciones exigidas al ex viceconsejero y secretario general de Economía, Rafael Delgado, siempre que este no las satisfaga. En concreto de algo más de 24,1 millones de euros, de los cuales 11,2 millones serán solidariamente con Iberdrola Renovables de Castilla y León, 7,84 millones de euros solidariamente con Sinae Inversiones Eólicas y cinco millones más, también solidariamente, con Parque Eólica la Boga.
La mayor de las penas, 42 años y multa de 239 millones de euros, es la solicitada para Rafael Delgado, viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general entre 2007 y 2011, como cabecilla de la trama al dictado de las indicaciones del entonces consejero del ramo, Tomás Villanueva, ya fallecido. Le siguen los empresarios Alberto Esgueva, ambos con 12 años y 68 y 14,5 millones de multa, respectivamente; el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y más de 25 millones de multa; y César Hernández, con siete años y 1.888.000 euros. En la lista de imputados figuran otros ocho con seis años de cárcel de solicitud de pena, como es el caso de Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables, al que se piden 100 millones de multa; Rafael Icaza, de Ibercyl, también con idéntica petición de multa; Francisco Esguveva, al que se piden 60 millones; los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Angel Llorente, de la empresa Collosa y a los que se piden 45 millones de multa; Pedro Barriuso, de Biovent, 100 millones de multa; y el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz, expuesto a una multa de ocho millones.
Además, Fiscalía Anticorrupción interesa cuatros años de cárcel y 721.000 euros de multa para el empresario Marc Nodelar, de Solar Land Word SL, e idéntica pena privativa de libertad y 215.000 euros para María del Mar Moreno, esposa de Alberto Esgueva, mientras que para Manuel Ordóñez, exdirector de Energía y Minas de la Junta, se solicitan diez años de inhabilitación.